El senador Felipe Kast (Evópoli), presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, cuestionó el veto presidencial que se ingresó a la Ley de Usurpaciones, asegurando que las modificaciones planteadas "desnaturalizan" el proyecto y marcan un antes y un después en la relación con el Gobierno, ya que otra vez "se ponen del lado de los delincuentes".

Según explicó La Moneda, el veto no es a la ley completa, sino que contiene 10 observaciones de fondo y cuatro de carácter formal. Con éstas, se mantiene el delito de usurpación, pero se fija pena de cárcel sólo para las ocupaciones violentas y con daños materiales.

En cuanto a las usurpaciones sin violencia, el Congreso había aprobado una pena de hasta tres años de presidio, lo que el Gobierno decidió vetar y dejar a criterio del juez si aplica una multa o una pena de presidio de hasta 540 días.

Por otro lado, se elimina la autotutela; es decir, se suprime la legítima defensa privilegiada, que permitía restituir el bien tomado por mano propia.

Frente a estos anuncios, Kast acusó que "una vez más el Presidente Boric junto a la ministra Tohá se ponen del lado de los delincuentes (...) Ellos quisieron pasar la máquina, la aplanadora y desnaturalizaron el corazón del proyecto, entonces claramente no se podría buscar un acuerdo".

En opinión del parlamentario, que lidera la comisión de Seguridad del Senado, el veto presidencial "marca un antes y un después en las discusiones que voy a tener yo en la comisión de Seguridad del Senado con el gobierno".

"Claramente el ánimo después de la decisión de ellos no es el mismo", afirmó el senador por La Araucanía respecto a la agenda de seguridad que se está avanzando en el Congreso.

GOBIERNO DEFIENDE LA MEDIDA

Por su parte, la ministra vocera, Camila Vallejo, defendió este bullado veto presidencial, destacando su importancia sobre todo en cuanto a la "justicia por las propias manos".

"El problema que se generó en la discusión legislativa -que lo advertimos con la ministra del Interior desde el primer momento-, es que se estaba desvirtuando esto y estaba abriendo paso a generar una especie de ley de la selva, la ley del más fuerte para enfrentar este tipo de delitos", analizó la autoridad.

En esta línea, Vallejo afirmó que en el país existe "un Estado de derecho y la gracia de esto es que cuando tú eres víctima de un delito, tienes tu legítima defensa y eso está considerado hoy día, pero finalmente son las policías las que tienen que actuar".

"La Justicia es la que tiene que revisar las pruebas y determinar la responsabilidad, no son los ciudadanos de a pie. Lo que hacía la legítima defensa privilegiada era permitir responder frente a este delito con el uso de armas con terceros y eso iba a generar o iba habilitar legalmente la confrontación violenta entre civiles", añadió la ministra.

Finalmente, advirtió -según indicó el medio antes citado- que la otra preocupación del Gobierno es que la ley "no era proporcional" frente a los diferentes casos: "Tomarse un establecimiento transitoriamente, por un par de horas, iba a ser considerado como un delito con pena de cárcel, al igual que las usurpaciones permanentes y violentas", puntualizó.