El Pleno del Consejo Constitucional aprobó la creación de la Defensoría de las Víctimas, incorporándose por primera vez en la historia del país este órgano autónomo en la Carta Magna, lo que era uno de los grandes objetivos de la derecha. 

El denominado "Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas" fue aprobado por 49 votos a favor. 

El inciso primero dice que este servicio "es un órgano dotado de personalidad jurídica, de una función descentralizada y con una territorialidad desconcentrada. Se relacionará con el Presidente de la República" a través del Ministerio de Justicia, el que tendrá por propósito "garantizar el acceso a la justicia" y promover la utilización del arbitraje, la mediación y otros medios alternativos para la resolución de conflictos.

Respecto de las atribuciones, éstas tienen relación con asesorar, entregar representación jurídica y apoyo integral, psicológico y social a las víctimas de delitos.

El consejero Luis Silva (Republicano) valoró esta norma y expresó que "esta es una institución que viene a saldar una deuda largamente sentida por la ciudadanía, porque los derechos de los delincuentes eran defendidos por el Estado, pero los derechos de las víctimas no".

Por otro lado, la consejera María Pardo (CS) fustigó que "se ha hecho una selección de crímenes que tienen una categoría de importancia por sobre otros y eso a nosotros nos parece gravísimo, sobre todo en materia de derecho a las mujeres, ya que los delitos sexuales, los delitos de pedofilia y los delitos contra niños y niñas han quedado fuera".

Asimismo, la actual Defensoría Penal Pública tendrá un reconocimiento legal, es decir, inferior, pese a los constantes esfuerzos del órgano por conseguir su autonomía constitucional.

En tanto, el apartado que señala que se tratará de "un órgano desconcentrado del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia" no obtuvo apoyo del oficialismo y fue aprobado con los 33 votos del Partido Republicano y Chile Vamos. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL MANTIENE SU NOMBRE

Respecto al Tribunal Constitucional (TC), el Pleno aprobó mantener su nombre y que no fuese cambiado por "Corte Constitucional", como fue propuesto por la Comisión Experta, el cual tendrá 11 integrantes y que tanto el Presidente de la República, el Senado y la Corte Suprema tendrán 30 días para presentar a sus candidatos.

También se extenderá la duración de las funciones de los miembros de este órgano, pasando de 9 a 11 años, y se conservará la renovación por parcialidades.

Además, se aprobó que el Tribunal Constitucional podrá ejercer el Control Preventivo Sustantivo durante la tramitación de proyectos de ley y de los tratados internacionales, sometidos a la aprobación del Congreso Nacional, y se resolvió que con 3/5 de los integrantes del tribunal en ejercicio, podrán dar curso al "control" para el que lo faculta la Constitución.

La consejera Paloma Zúñiga (RD) lamentó "profundamente que se haya aprobado la introducción del control preventivo sustantivo del Tribunal Constitucional, que había sido una gran victoria del anteproyecto, el sacar esa facultad del Tribunal Constitucional. Creemos que esta facultad es particularmente peligrosa". 

Mientras que la consejera Lorena Gallardo (RN) indicó que "siempre se ha hablado de que el Tribunal Constitucional genera una tercera Cámara, sin embargo, eso no es así. Lo que nosotros tratamos de procurar con este control sustantivo preventivo es simplemente que las leyes que van a salir no se dilaten tanto, sino tengan un prevención de los vicios de forma que vienen de antemano y también de fondo".

Otras nuevas atribuciones aprobadas respecto al TC tienen relación con que el organismo podrá declarar la "inconstitucionalidad de los partidos políticos, de los movimientos u otras formas de organización, cuyas conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático, como asimismo aquellos que hagan uso, propaguen, inciten o se adjudiquen la realización de actos terroristas".