La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja aprobó y despachó a la Sala el proyecto denominado como "Criterio Valencia", que tipifica como delito el ingreso de forma clandestina al país, cuya orden fue hecha por el fiscal nacional, Ángel Valencia, y que luego dio paso a la iniciativa.

El proyecto busca modificar la Ley de Migración y Extranjería, cuya indicación aprobada señala que "el que hiciere ingreso al territorio nacional de manera clandestina, por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales".

Asimismo, se establece "se procederá siempre a la expulsión del extranjero del territorio nacional una vez cumplida la pena en términos de los incisos precedentes", así como también se recalca que no se aplicará a extranjeros "que reúnan las condiciones para ser reconocidos como refugiados en Chile, siempre que en este caso provengan directamente del territorio donde su vida o libertad esté amenazada. Tampoco se aplicará a niños, niñas o adolescentes o al padre, madre, guardador o persona encargada de su cuidado personal".

La iniciativa, que fue aprobada en general y en particular, se encuentra en primer trámite constitucional y ahora debe ser sometida a votación en la Sala de la Cámara, para posteriormente pasar al Senado. Sin embargo, no cuenta con el patrocinio del Gobierno, por lo que se tendrá que llegar a un acuerdo para que la moción parlamentaria sea puesta en tabla.

La diputada Yovana Ahumada (Avancemos Chile) señaló que "no puede ser que lleguen sin que sepamos quiénes son ni si cuentan con antecedentes, y es por eso que su ingreso de forma irregular debe considerarse un delito, porque lo es. No puede ser que venir a Chile, sea llegar, entrar y luego regularizarse como si nada".

"Espero que hoy día se de prioridad en la Cámara, para que avancemos con estos proyectos y los podamos votar prontamente en Sala, porque necesitamos de una vez por todas entregar certezas, tranquilidad y seguridad", añadió.

El denominado "Criterio Valencia" surgió tras el asesinato del suboficial de Carabineros Daniel Palma, y luego de conocerse que la mayoría de los involucrados en este hecho eran extranjeros que se encontraban de forma irregular en el país. En ese momento, el fiscal Valencia ordenó a todos los persecutores del país que al momento de detener a un inmigrante sin papeles, se debería solicitar la prisión preventiva hasta conocer sus antecedentes.

Tras esta instrucción, un grupo de parlamentarios dio paso a un proyecto de ley, lo que ha generado críticas por ser considerada como discriminatoria.