La Comisión Asesora contra la Desinformación -dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y que asesorará también a la Secretaría General de Gobierno- relevó en su primer informe la importancia de "diferenciar" entre aquel fenómeno y el derecho a la libertad de expresión y opinión a la hora de impulsar políticas úblicas y leyes al respecto.

El documento, emitido a fines de agosto, fue presentado este jueves en un seminario en la Biblioteca Nacional, donde la ministra Aisén Etcheverry planteó que la propia instancia fue objeto de la problemática, pues cuando fue anunciada la oposición política acusó un intento de "coartar la libertad de expresión" e incluso intentó tumbarla -sin éxito- en el Tribunal Constitucional.

"Para nosotros era fundamental poder visibilizar el trabajo que se había hecho, particularmente a raíz de toda la polémica que generó esta comisión en sus orígenes", dijo la secretaria de Estado.

Pero "a pesar de la polémica, y corroborado no sólo por el trabajo de los expertos, sino por los informes de Contraloría y el Tribunal Constitucional, este tipo de comisiones expertas son fundamentales", enfatizó.

Etcheverry hizo hincapié en que "cuando queremos enfrentar desafíos complejos como Gobierno, tenemos que hacerlo de manera seria y responsable, y para lograr aquello el rol de los expertos y expertas es fundamental".

"Sabemos que la desinformación es un tema complejo, lo vimos a propósito de la discusión que se dio cuando esta comisión fue recién creada. Ahora tenemos una segunda oportunidad como país de tomarnos en serio la discusión y de avanzar", remarcó.

LAS CONCLUSIONES DEL PRIMER INFORME

En su primer informe, la comisión elaboró un diagnóstico sobre el estado del arte del fenómeno a nivel nacional, internacional y en entidades supranacionales -Naciones Unidas, la Unión Europea y la OCDE-, así como del rol de la inteligencia articial; excluyendo de su análisis a los medios de prensa, como acordó en sus inicios.

La desinformación es un "desafío global" en el siglo XXI, que se ha visto con fuerza en los últimos años en nuestro país, expone el documento: "En medio del 'estallido social' de 2019 y la pandemia de COVID-19, Chile ha sido testigo de cómo la desinformación se ha propagado principalmente a través de plataformas sociales. Esta desinformación –que adopta diferentes formatos adaptados a plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y sistemas de mensajería, como WhatsApp y Messenger– han encontrado un terreno fértil en un país con un alto consumo de noticias en plataformas digitales y un consumo decreciente de medios informativos tradicionales".

Aquello ha promovido "la pérdida de confianza en evidencias avaladas por la ciencia, como lo es el caso del cambio climático; la desinformación en torno a los conflictos internacionales; la pérdida de confianza y el debilitamiento de la credibilidad en los procesos democráticos, instituciones y autoridades, así como el potencial de dañar la integridad de las personas y comunidades".

El informe resaltó "también cómo el desarrollo tecnológico, tales como las herramientas basadas en IA generativa, se pueden utilizar para crear contenidos manipulados de fácil y rápida difusión en redes sociales, escalando los desafíos en torno al fenómeno".

"A pesar de que el periodismo de verificación o factchecking está poco desarrollado en el país, se ha demostrado que es efectivo para reducir la credibilidad en informaciones falsas", apuntó, al tiempo de que recordó que "en Chile no existe una legislación que penalice específicamente la desinformación, pero a la fecha hay 11 proyectos de ley en tramitación que buscan regular este fenómeno".

En ese sentido, el órgano asesor sostuvo que "es clave comprender este fenómeno en su contexto local para diseñar soluciones adecuadas", destacando asimismo que "es fundamental proteger la libertad de expresión como pilar esencial de la democracia, y estudiar la desinformación para proponer medidas idóneas al contexto nacional".

"También es importante diferenciar entre desinformación y el derecho a opinar, entendiendo que la desinformación implica difundir deliberadamente contenidos falsos con el fin de causar daño, mientras que la expresión de opiniones es el ejercicio de un derecho fundamental. Se requiere un enfoque multidimensional que convoque la participación de diversos actores, sobre la base del respeto a los derechos humanos", razonó.

Lo anterior porque "este mismo derecho ha permitido enfrentarla (la desinformación) a través de periodismo de calidad y el rol cívico de personas comprometidas con el debate público".

"Las opiniones están fuera de los márgenes del fenómeno, ya que opinar es expresar un juicio personal sobre una materia, un acontecimiento o una persona. La desinformación se desarrolla en el contexto de la difusión de hechos factualmente falsos, es decir, cuestiones que no son reales con la mejor evidencia disponible hasta la fecha. Esta diferencia de conceptos es compleja, pero muy importante para aclarar que emitir un juicio de opinión es un principio fundamental para el desarrollo democrático", concluyó.

La instancia, que sesiona cada 15 días, deberá evacuar un segundo informe, y final, a finales de noviembre, donde propondrá orientaciones y recomendaciones para el desarrollo de políticas públicas y proyectos de ley en la materia.