La Fiscalía de Antofagasta resolvió citar a declarar en calidad de imputados al exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, al jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, y a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez -todos militantes de RD- en el marco del caso convenios, que indaga presuntos delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias, entre otros.

El Mercurio consignó que los diputados republicanos Cristián Araya y Juan Irarrázaval solicitaron la diligencia mediante una ampliación de su querella, pidiendo interrogarlos "sobre los hechos objeto" de la misma, "y todo antecedente de utilidad en la presente investigación".

La presentación tiene como eje los posibles incumplimientos de Jackson, Crispi y Martínez de sus obligaciones fiscalizadoras dentro del caso, que inició con la arista de Democracia Viva y ahora incluye a otras fundaciones, como Urbanismo Social y ProCultura.

La querella advierte que "en junio de 2022 se rebajaron los controles por parte del CAIGG (Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno) sobre el destino y uso de los fondos públicos. Todo ello permitió la consumación de múltiples ilícitos, entre ellos, aquellos que se investigan en la presente carpeta judicial", y que además, se avisó por correo a las contralorías de los servicios públicos "que no debían informar la transferencia hacia terceros".

Consultado el abogado Miguel Schürmann, quien defiende al exministro Jackson, dijo al matutino que desconoce la citación, pues ni él ni su representado han sido notificados.

CONVENIO ENTRE GORE Y PROCULTURA

En cuanto a hechos que pueden ser constitutivos de delito e involucran a los querellados, la acción da cuenta del convenio por 630 millones de pesos entre el Gobierno Regional de Antofagasta y ProCultura, para recuperar tres fachadas del casco histórico de la capital de esa región.

Mientras era subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Crispi ofició en junio de 2022 al gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, indicándole que "la fundación ProCultura presenta experiencia suficiente para la ejecución de la iniciativa presentada (...) esta subsecretaría valida a la Fundación ProCultura para actuar como un organismo subejecutor del programa", documento que luego fue ratificado por la directora de la Dipres.

No obstante, según los diputados y un medio regional, la ONG no tenía el giro requerido para participar del proyecto, sino que su especialidad era la venta de libros, y por lo demás, aseguran que el monto pagado estaba abultado.

Araya apuntó que "dijimos que íbamos a perseguir hasta las últimas consecuencias a los responsables de estos graves casos de corrupción, por tanto, recibimos con alegría que se haya acogido nuestra solicitud para tomar las declaraciones", aseverando que "es evidente que el trasfondo de estos casos va más allá de las instituciones involucradas".