El Congreso Nacional despachó a ley el proyecto del Ministerio de Educación que pone fin a la doble Evaluación Docente para profesoras y profesores de establecimientos municipales y de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), fortaleciendo la labor de profesoras y profesores, luego de que fuera aprobado por 114 votos a favor en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. 

En la instancia, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, agradeció a las y los parlamentarios que aprobaron esta iniciativa, porque “reconocen el importante trabajo que realizan las y los docentes del país, entregándoles más herramientas para que puedan ejercer la enseñanza y profesionalizar su labor. Se trata sin duda de un avance para las y los maestros de Chile y para la educación del país”. 

“Hay algo que quiero destacar: el gran acuerdo que hemos logrado construir, no solamente en la Comisión de Educación de la Cámara y ahora en la Sala, sino también en el Senado, donde con amplia mayoría logramos aprobar este proyecto, que espero sea la forma en que enfrentemos de aquí en adelante las problemáticas de la educación chilena. Necesitamos un gran acuerdo transversal para enfrentar los problemas de nuestro sistema educativo, y cuando hablamos de que la reactivación educativa tenemos que abordarla pensando en el futuro”, señaló el ministro Cataldo. 

El proyecto del Mineduc establece que los profesores de establecimientos públicos dejen de ser evaluados por dos sistemas distintos, la Evaluación Docente y el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, y sean evaluados por este último, tal como ocurre en el sector particular subvencionado, generando un proceso más eficiente y transparente, que beneficiará a 116 mil profesores.

También será creado un mecanismo para asegurar la formación continua de docentes avanzados en su carrera, de los tramos Experto I y Experto II, que hoy no están obligados a evaluarse, y se establecerá la obligación de que los instrumentos de evaluación sean ajustados a los niveles y modalidades en que trabajan los docentes. 

Igualmente, ahora será obligatorio que los 115 mil docentes de establecimientos particulares subvencionados se evalúen, ya que hoy están en la Carrera Docente, pero su evaluación es solo opcional, lo que provoca que muchos de ellos se queden en el tramo inicial. Esta medida será aplicada de forma progresiva entre 2025 y 2027. 

“Queremos mover el sistema, porque el sector particular subvencionado cubre una parte importante del sistema educativo, y con esto los profesores no solamente tendrán que evaluarse, sino que también tendrán la obligación de progresar en la carrera”, explicó el ministro Cataldo. 

Mejora en la inducción y trabajo colaborativo 

La ley aprobada también mejora el acompañamiento del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) a docentes principiantes que no han logrado avanzar de tramo en su carrera, y permite que las y los profesores que tienen contratos de 44 horas semanales puedan hacer sus procesos de inducción dentro de su jornada laboral, en las horas no lectivas, lo que hasta ahora no podían hacer. 

“La inducción es un derecho para todos los profesores; sin embargo, dada la cantidad de horas del contrato, solo es posible ejecutarla si se tiene 38 horas o menos de contrato, ya que, si tienen más horas, quedarían sin tiempo para la inducción. Para garantizar este derecho, ahora se permitirá que la inducción se desarrolle dentro de las horas de trabajo no lectivo”, explicó el ministro Cataldo. 

Además, la ley fortalecerá las redes de trabajo y el acompañamiento entre docentes a través de la Red Maestros de Maestros y asegura una cantidad de horas no lectivas para la preparación de instrumentos de evaluación, con jornadas colaborativas de trabajo. 

Por último, la ley incorpora en la Carrera Docente a cerca de 8 mil profesores que quedaron mal encasillados en 2015; modifica la norma que prioriza el despido de personas cercanas a la jubilación en los casos de sobredotación docente, reemplazando ese criterio por profesores de tramos menos avanzados; y permite que las y los docentes que han ejercido roles directivos en los establecimientos conserven su titularidad docente y así puedan volver a ejercer en aula.