En marzo de este año el ministro de Justicia, Luis Cordero, encendió las alarmas respecto a la sobrepoblación en los recintos penitenciarios del país. A fines de ese mes, Gendarmería emitió su informe mensual de Estadística de población penal a su cargo, que arrojó que 47.334 personas se encontraban encarceladas.

“Los datos de Gendarmería proyectan un aumento sostenido de personas privadas de libertad. Hoy ya vamos en 47.000 y podemos llegar a 2024 pasando el umbral de 50.000″, señaló en esa oportunidad el secretario de Estado.

Han pasado más de seis meses de esa proyección y aún quedan más de dos para que finalice el 2023 y esa cifra ya se superó con bastante holgura.

De acuerdo al último reporte de Gendarmería, actualizado al 12 de octubre del 2023, la población carcelaria en el país alcanzó las 54.678 personas, según reveló este jueves el propio titular de Justicia.

“La prisión preventiva se ha aumentado muchísimo”

“Las cifras han aumentado muchísimo. En los últimos 16 meses nosotros aumentamos el número de personas privadas de libertad de 41 mil, aproximadamente y al día de ayer teníamos 54 mil personas privadas de libertad, ese es el número que el país tenía estimado para el próximo año”, señaló Cordero.

El ministro precisó que hoy la población penal tiene una capacidad para poco más de 42 mil reos. En ese sentido, explicó que hay recintos que están “copando su capacidad”, otros están sobrepoblados -es decir, “que sobrepasan 100% y están bajo el 120% de su capacidad”-, mientras que en otros “tenemos un problema de hacinamiento”.

Respecto a las razones que explicarían el aumento de reos, Cordero explicó que se debe “principalmente al uso de la prisión preventiva”.

“La prisión preventiva se ha aumentado muchísimo, eso se debe a dos o tres razones. Una, el hecho de que tenemos delitos más violentos; dos, que hemos tenido modificaciones legales (…) y lo tercero es que tenemos jueces más proclives a otorgamientos de prisión preventiva”.

El sistema penitenciario -señaló Cordero- abarca “un conjunto de prestaciones que realiza Gendarmería respecto del cumplimiento de personas que están en libertad y aquellas que están con medidas de seguimiento”. En ese sentido, aseguró que cerca del 38% de esa población corresponde a personas privadas de libertad.

“El número de usuarios del sistema penitenciario que a principio de enero del 2022 era algo así como 110 mil personas, donde están las personas de sistema cerrado y de sistema abierto, hoy día son más de 140 mil. 

Es decir, lo que hay es un aumento de la demanda al sistema penitenciario, tanto el sistema cerrado como abierto. Eso puede deberse a varias razones. Una, la normalización post pandemia y dos, que tenemos un sistema de persecución penal mucho más eficaz en el último tiempo”, afirmó.

Respecto a las medidas que se están tomando, el ministro destacó que se está buscando aumentar la capacidad del sistema penitenciario. En ese sentido, dijo que “están los casos de las ampliaciones en aquellos lugares donde se puede ampliar. Es decir, donde hay infraestructura que se diseñó, que coincide con cárceles concesionadas, donde hay terreno adicional para ampliar, como Alto Hospicio, Antofagasta, La Serena, Puerto Montt, Rancagua”.

Descarta construcción de megacárceles

Consultado sobre la posibilidad de desarrollar megacárceles en el país, el ministro Cordero descartó que el gobierno lo estuviera evaluando y anunció que, en cambio, se encuentran trabajando en recintos de máxima seguridad. “Que usted tenga cárceles grandes genera un gran problema, porque la segregación se hace mucho más difícil, que es lo que sucede en varios de los centros penitenciarios hoy día, entre otras (cosas), por el incremento en muy pocos meses que ha tenido el sistema penitenciario chileno”, sostuvo.

“La realidad de los sistemas penitenciarios son muy distintos en cada uno de los países. Yo creo que hay que tener cuidado con esa imagen de tener a esas personas confinadas, prácticamente desnudas, rapadas; en rigor, esa especie como de castigo colectivo”, agregó respecto al gran recinto carcelario que se ha convertido en el símbolo de la cruzada del Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en contra de las maras (pandillas).

En la misma línea, el secretario de Estado insistió en que, al momento de llegar a estar sobrepobladas, las cárceles muy grandes generan “un incentivo inverso”.

“Primero, porque las condiciones de habitabilidad en el lugar se hacen relativamente imposibles. Las condiciones de derechos humanos, no solo de las personas privadas de libertad, sino que también de las personas que trabajan ahí -como los gendarmes-, se hacen muy dificultosas. La reinserción se hace imposible y, otro dato que es muy relevante: el reclutamiento de las bandas al interior de la cárcel se hace mucho más fácil”, explicó.

El titular de Justicia apuntó a que otra de las estrategias centrales del gobierno en esta materia es mantener centros penales adicionales. “Nosotros hemos mantenido el número de plazas en 42 mil aproximadamente desde el 2012. No es que no se hubiesen construido cárceles, lo que pasa es que íbamos habilitando centros penales e íbamos cerrando otros”, detalló.

“Entonces, ¿Cuál es la discusión técnica hoy? Que pareciera razonable mantener centros penales adicionales no solo para tener segregación efectiva, sino que también segregación en recintos separados -no en el mismo recinto-, tratando de evitar el contagio criminógeno. Una persona que tiene bajo criminógeno, en una cárcel que está sobrepoblada, las posibilidades de ser reclutado o sometidos son muy altas”, aseveró.