Un Registro de Comerciantes Informales, el cobro de patente para ejercer el comercio a vendedores ambulantes inscritos en el Registro, entre otros puntos es parte de una serie de medidas que la Cámara de Diputadas y Diputados solicitó al Gobierno para enfrentar al ambulante.

De acuerdo a un grupo de parlamentarios de la Cámara Baja “la informalidad de este comercio tiene una serie de externalidades negativas”. Y plantean que “existen problemas en materia de salud pública, tránsito y seguridad”.

De hecho, desde el Biobío son dos las diputadas que participaron de la solicitud: Karen Medina (PDG) y Joanna Pérez (DEM).
Esta última comentó que “pedimos al Presidente (Gabriel Boric) que articule un trabajo integral para prevenir, regularizar el comercio ambulante el que muchas veces es ilegal ya que no paga impuestos”.

“Hay muchas personas que con esfuerzo pagan sus impuestos, locales, permisos municipales y otras que no. Además muchos alcaldes y alcaldesas hacen vista gorda de esto”, agregó.

“Aquí todos quieren trabajar y se les puede dar permiso pero tiene que ser con las reglas que el municipio y el Estado les entrega y que además paguen sus impuestos. Así como el Gobierno exigía en materia de reforma tributaria tiene que ir contra el comercio ambulante y la informalidad”, recalcó Pérez.

Por su parte, la diputada Medina, explicó que “en el último tiempo hemos visto un aumento de la violencia e inseguridad en las calles, incivilidades que se agudizan en entornos tomados por el comercio ambulante, donde se han formado verdaderas mafias y focos de delincuencia, donde muchas veces la venta ilegal es solo una fachada para instalarse en el espacio público a delinquir”.

“Este proyecto viene a hacerse cargo de esto y se tomen medidas para controlar el comercio informal, de manera que las personas que quieren trabajar honradamente tengan un espacio y un lugar determinado para hacerlo, cumpliendo con toda la norma, pero que los municipios se hagan cargo para erradicar al comercio ambulante de las calles y recuperar así la seguridad”, manifestó también Medina.

Lista de medidas

De acuerdo a la resolución 591, las medidas que se piden al Ejecutivo son: Ordenar a los municipios la creación de un Registro de Comerciantes Informales y que dispongan de uno o más espacios para ejercer el comercio de forma organizada y ordenada; Que los municipios dispongan de uno o más espacios comerciales que no perturben o interrumpan el funcionamiento normal de espacios públicos como veredas, calles y plazas, cuyo principal uso y destino es el esparcimiento público y el libre tránsito de peatones y vehículos motorizados.

Instruir a los municipios el cobro de patente para ejercer el comercio a vendedores ambulantes inscritos en el Registro; y requerir a Carabineros de Chile perseguir y detener a vendedores ambulantes que no respeten la ley, sea porque no ejerzan el comercio en los lugares habilitados por los municipios para ello, o sea porque no se encuentren inscritos en el registro o no mantengan su patente al día.