Con una inversión cercana a los US$ 2 mil 600 millones, actualmente son 38 los proyectos que se encuentran a la espera de aprobación en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) en la Región del Biobío.

De estos, 26 son de montos mayores a US$5 millones, 5 presentan Estudio de Impacto Ambiental y más del 50% son de energía.

Asimismo, durante octubre de este año, se ingresaron 6 nuevas iniciativas, con una inversión total de US$ 296 millones, entre las que destacan el Proyecto de modificación para producir celulosa cruda en Planta Laja de Cmpc (US$186 millones), el Proyecto Inmobiliario Parque Antilhue en Talcahuano (US$ 36 millones), los Condominios Fuentes de Porvenir en Chiguayante (US$ 37 millones), entre otras obras.

El instrumento

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es un instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo que permite a la autoridad determinar antes de la ejecución de un proyecto si este cumple con la legislación ambiental vigente, y se hace cargo de los potenciales impactos ambientales significativos.

Una de las principales críticas que tiene el sistema son los plazos que tiene el proceso de calificación que, en ciertos casos, según señalan desde el sector empresarial, son demasiados prolongados y desincentivan la inversión. Esto último debido a que, mientras un proyecto está siendo evaluado, puede variar el mercado y la inversión.

“El proceso de calificación de los proyectos por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) muchas veces es excesivo, y en esto estamos hablando de proyectos de inversión que se mueven en plazos de hasta 10 años. Lamentablemente esos tiempos de respuesta por parte del organismo muchas veces genera que el inversionista desista del proyecto, ya que, en ese periodo de tiempo, por ejemplo, pueden cambiar las condiciones del mercado”, sostuvo Álvaro Ananías, presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio Biobío (CPC).

Bajo ese contexto, uno de los puntos que plantea Ananías es que es necesario “reforzar al Servicio de Evaluación Ambiental, ya sea con más personal calificado o bien acotando y definiendo los plazos de evaluación de los proyectos. En ese sentido es muy importante la modificación a la ley 19.300 que tiene que ver con los proyectos de inversión y el marco regulatorio medioambiental, mientras esto no sea resuelto va a ser muy difícil que proyectos relevantes de inversión puedan avanzar y concretarse en el futuro”.

Medio Ambiente

Por su parte el seremi del Medio Ambiente de la Región del Biobío, Óscar Reicher, se refirió al tiempo que puede pasar una iniciativa de obras en la evaluación del Seia.
“Hay que hacer una precisión en atención a que estos proyectos pueden tener una tramitación ambiental relativamente expedita o algunos otros que tienen una tramitación más extensa”, dijo el encargado regional de la cartera de Medio Ambiente.

“En ese sentido, no corresponde establecer o presumir de que estos más de 30 proyectos se encuentran con una dilación demasiada alta, sino que habrá que hacer las distinciones específicas respecto de qué proyectos han ingresado recientemente, cuáles son los otros proyectos que se encuentran, por ejemplo, a la espera de que el mismo titular elabore informes complementarios a las presentaciones que ya realizó”, agregó.

En la misma línea, el seremi indicó que, reglamentariamente, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental tiene dos mecanismos de ingreso. Uno de los mecanismos son las Declaraciones de Impacto Ambiental, que representan más del 95% de los proyectos que han ingresado al Seia en los últimos años, y la segunda vía son los Estudios de Impacto Ambiental.

“Respecto de las declaraciones, el plazo legal de evaluación ambiental que tienen los organismos públicos es de 60 días y los estudios de impacto ambiental son de 120 días. Además, corre el silencio administrativo positivo, es decir, que en ciertas etapas si el servicio público no se pronuncia dentro del plazo se considera que al proyecto se le otorga el permiso y, por lo tanto, debe seguir su evaluación ambiental”, sumó Reicher.

A su vez, el seremi de Medio Ambiente detallé otras causas que generan una prolongación en los plazos de evaluación en el sistema y aseveró que “una de las causales bajo las cuales se dilatan los proyectos tiene que ver con los estudios complementarios que durante la evaluación ambiental realizan los titulares de proyectos, cuando reciben observaciones, cuando reciben las preguntas que legalmente tienen que realizar los organismos públicos que tienen que participan en la evaluación ambiental (…) cuando se reciben esas observaciones por parte del titular, en muchas ocasiones, el mismo titular termina solicitando ampliaciones de plazo para responder”.