El Gobierno aumentó los compromisos de gasto público en 14.011 millones de dólares para los próximos cuatro años, pese a que para el mismo período proyecta una baja en los ingresos estructurales de 1.002 millones de dólares, de acuerdo a un análisis a datos de la Dirección de Presupuestos.

El informe elaborado por la investigadora Margarita Vial, del Centro de Políticas Públicas de la U. San Sebastián (CPP-USS), sostiene que "desde que se comenzó a hablar de pacto fiscal, particularmente desde el ingreso al Congreso del proyecto de reforma tributaria en julio de 2022, el Gobierno ha incrementado en forma relevante los compromisos de gasto del período 2024-2027", consignó El Mercurio.

Al comparar las proyecciones de mediano plazo de la Dipres publicadas en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre de 2022 con el tercer trimestre de 2023, el documento observa que los gastos que ya están comprometidos para 2024-2027 sumaban 360 mil millones de dólares millones el año pasado, y ahora se calculan en 374 mil millones de dólares para igual período, divisa que según Hacienda llegará a 832 pesos el próximo año.

A juicio de Vial, este incremento obligó al Ejecutivo a actualizar sus metas de balance estructural fijadas al comienzo de su administración, con un empeoramiento del balance de un -0,3% a un -0,5% del PIB para 2026, lo cual implica que una vez que se apruebe el Presupuesto 2024, "una siguiente administración no tendrá recursos para financiar el gasto comprometido por el Estado, como consecuencia de un Gobierno que no prioriza".

"Al contrario, ha implementado medidas permanentes cuyo costo supera incluso los recursos que el Ejecutivo espera recaudar por pacto fiscal", asegura la economista.

No obstante, la Dipres argumentó que "el incremento en la proyección de gastos comprometidos en el programa financiero desde la elaboración presupuestaria pasada se explica por actualizaciones de proyecciones de gasto derivado de leyes permanentes y de nuevos compromisos de proyectos de ley aprobados", mencionando como ejemplo la ley del trastorno del espectro autista (TEA), la que aumenta el ingreso mínimo mensual, y la de medidas de seguridad económica, entre otras.

También incide la incorporación de mayores compromisos derivados de la presentación de otros proyectos de ley que erogan gasto en el período, como el que modifica los requisitos para ser llamado al servicio en Carabineros, el que establece el deber de registrar en video las actuaciones policiales autónomas en el procedimiento penal, y el que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención del crimen organizado.

"INUSUAL" CAÍDA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Por otro lado, Vial indica que el Ejecutivo calculó una "inusual" caída de la inversión pública para el mediano plazo, y estima que de corregir tales cifras, los gastos comprometidos serían incluso mayores que los 14.011 millones de dólares indicados por la Dipres.

Al ver el detalle, el gasto en personal aumenta, en promedio, en 1.800 millones de dólares por año en el mediano plazo, y las transferencias corrientes al sector privado suben en 2.600 millones de dólares promedio por año. Mientras que se proyecta que desde los 4.463.558 millones de pesos (5.365 millones de dólares) proyectados para las iniciativas de inversión en 2025, estos se desplomen a 1.154.001 millones de pesos (1.387 millones de dólares) en 2028.

Según la Dipres, "como es habitual, el gasto comprometido para iniciativas de inversión considera sólo los arrastres de iniciativas en ejecución (...) y no incorpora nuevos proyectos que se puedan sumar a la cartera", y por lo pronto, la conformación de este ámbito se ha vuelto "más estricta".

Sin embargo, Vial afirma que "históricamente, la elaboración del programa financiero supone la compensación de la depreciación de la infraestructura, es decir, mantener la capacidad vigente del Estado, y eso implica recursos para iniciativas de inversión nuevas y de arrastre", por lo que en vista de que se subestima la inversión pública hacia adelante, la postura adoptada por la Dipres "se alejaría de la recomendación del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en cuanto a asumir criterios conservadores".

En suma, "si se mantiene todo de acuerdo con lo estimado, el gasto para el año 2028 es insuficiente para mantener la capacidad vigente del Estado y, considerando que esa situación no es viable, se puede concluir que el gasto comprometido para el mediano plazo está subestimado y no constituye una estimación realista de los espacios fiscales".