El secuestro del empresario Rudy Basualdo, en Rancagua, reabrió un fuerte debate por la expansión de uno de los delitos más graves -junto con el homicidio- que contempla la legislación chilena. El hombre de 50 años logró ser rescatado luego de una negociación con sus captores, que incluyó el pago de un monto.

Fue la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, quien reveló que hubo un pago por la liberación de Basualdo, lo que abrió múltiples críticas en algunas voces que apuntaron a que esta información no hacía más que "incentivar" este tipo de delitos. De hecho, el propio fiscal jefe de O'Higgins, Emiliano Arias, llamó a la "no exponer cómo se realiza la negociación".

En esa línea, precisó que "todo lo que diga relación con el proceso, si existió eventuales pagos y montos, evidentemente dañarían la investigación en curso, así que no me referiré más allá de la formalización, que da cuenta que existe un secuestro de naturaleza extorsiva". Así las cosas, el tema y las preocupaciones no han ido más que en aumento.

De hecho, durante la presentación del "Equipo contra el crimen organizado y homicidios" que encabezó el fiscal Valencia, junto al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se volvió a consultar por las "consecuencias" de que se revelara que hubo un pago por liberar al empresario.

"Yo no quisiera referirme a las circunstancias particulares de ese caso", dijo, tajante, Valencia. De todas formas, comentó que este tipo de casos requiere coordinación y "es un desafío con un nivel de complejidad al que no nos habíamos enfrentado".

En tanto, el subsecretario Monsalve, comentó que desde hace muchos años que el delito de secuestro "tiene una tendencia al alza" a nivel mundial, "y que además tiene una progresiva relación con el crimen organizado". "¿Qué preguntas tiene que hacerse Chile respecto a este tipo de delitos? La primera es si tenemos legislación para abordarlo, par enfrentarlo.

Y quiero recordar que durante este año se transformó en ley un proyecto que presentó el Ejecutivo para aumentar las penas en materia de secuestro. Hoy día el secuestro extorsivo, el que pide dinero a cambio o que quiere forzar algún tipo de decisión, subió su pena", comentó.

Penas por delito de secuestro

Si bien el fenómeno no es nuevo, en los últimos cuatro años se ha registrado un incremento de estos delitos, no sólo cono fines extorsivos o en contextos de narcotráfico, sino que se han ido extendiendo los motivos usuales de comisión.

En 2022, la PDI emitió un informe que da cuenta del aumento de estos delitos: se registraron 42 secuestros reales y 75 detenidos. Las estadísticas superan los registros de 2021 cuando hubo 26 casos y 22 detenidos.

En diciembre de 2022, el Presidente Gabriel Boric anunciaba la presentación de cuatro proyectos de ley que apuntaban a adecuar la legislación frente al nuevo escenario delictual en Chile.

"Uno, hemos agravado las penas en los delitos de secuestros, que no es un delito al que en Chile estemos acostumbrados. Sin embargo, hemos visto como poco a poco se ha ido instalando y no vamos a permitir que se naturalice", indicó entonces el Mandatario, recalcando que "las penas van a ser duras".

En efecto, el 12 de diciembre el Gobierno ingresó el proyecto a la Cámara de Diputados, que buscaba "sancionar con mayor intensidad los supuestos en que la detención o encierro se prolonga durante más de 48 horas". No obstante, en la Comisión de Seguridad, se propuso la enmienda para rebajar el guarismo a 24 horas. Así, el 30 de marzo, por unanimidad, el senado aprobó en general y en particular el proyecto y el 10 de abril de este año, se publicó en el Diario Oficial la ley 21.557.

Dicha normativa estableció que cuando el secuestro se prologue por más de 24 horas, será sancionado con penas de cárcel que van de los 5 años y 1 día, a 15 años, y se aumenta a presidio perpetuo cuando, con motivo de secuestro, se cometa, además, homicidio, violación o lesiones gravísimas. Antes de la publicación de la ley, este delito tenía penas que iban desde los 3 años y 1 día a 5 años de presidio.

A esa normativa, precisamente, apuntaba esta mañana el subsecretario Monsalve. Quien además dijo que, a su jucio, sí existen equipos capaces de enfrentar este tipo de situaciones, para poder rescatar a las víctimas con vida y tomar detenidos. De todas formas, el subsecretario dijo que se va a promover una reunión con el objeto de "fortalecer las capacidades institucionales", y que se están destinando recursos "para fortalecer las capacidades tecnológicas y de equipamiento; esto hay que mejorarlo, siempre estamos abiertos a la revisión, y por eso vamos a tener una reunión, por si existen brechas, para cerrarlas".

Durante el debate de la nueva ley, los senadores reconocieron que todo lo que ocurra posterior a su publicación deberá ser evaluado, principalmente porque "no es que los delincuentes estén pendientes de estas penas", y reconocieron que la sola promulgación de la normativa no impide por si misma que ocurran estos hechos. Así, si bien hay una nueva normativa, el debate no está cerrado, aún menos, a la luz de los últimos hechos.

Oposición apunta a una "legislación insuficiente"

El diputado Henry Leal (UDI) anunció que convocarán a una sesión especial en la Cámara, y además, a una sesión secreta en la Comisión de Seguridad, donde invitarán al Minsiterio del Interior, a los altos mandos de Carabineros y PDI, Extranjería y el fiscal nacional, Ángel Valencia. Esto, "para que nos digan qué legislación se requiere scar con urgencia", en materia del tipo de secuestros que hoy se está viendo en el país.

Según comentó el parlamentari, este semana se presenta formalmente la solicitud para la sesión especial en la Cámara, que tendrá por objeto abordar los últimos secuestros que se produjeron en nuestro país.

Como se requieren 52 firmas para que se concrete, solicitaremos el respaldo del resto de las bancadas de Chile Vamos, como también de Republicanos y de los partidos que estén interesados en poder abordar esta grave situación que estamos viviendo", precisó Leal. Consultado por la actual -y más reciente- legislación en esta materia, el parlamentario comentó que "evidentemente las modificaciones han sido insuficientes en vista de los últimos acontecimientos.

El propio fiscal nacional reveló que las denuncias por secuestro aumentaron un 62% durante el último año, lo que da cuenta de que es un delito que lamentablemente ya se instaló en Chile y que, por consiguiente, debemos enfrentar con todo el rigor de la ley".

"Por lo mismo, como bancada estamos estudiando presentar una nueva modificación legal para elevar aún más las sanciones. Creemos que un delito como el secuestro, por el enorme daño que genera no sólo a las víctimas y a sus familiares, sino que a la sociedad en su conjunto, merece una pena de presidio perpetuo en la gran mayoría de los casos, y de calificado cuando la víctima sufra algún otro tipo de daño. Esto, sin perjuicio de las distintas medidas que debiesen adoptar las autoridades, partiendo por controlar la migración irregular en nuestro país", cerró Leal.

En tanto, la bancada RN envió una carta al fiscal nacional, para solicitarle que se extremen los esfuerzos en la persecución del secuestro y homicidios. En el texto, piden "enfocar los esfuerzos en la persecución penal de estos hechos, reforzando y creando unidades de foco investigativo que permitan investigar y perseguir con especial vigor el secuestro y el homicidio, particularmente (...) por bandas u organizaciones criminales".

Además, solicitan que el fiscal nacional "tenga a bien hacernos presente las enmiendas legislativas que se pudiesen impulsar para encauzar y dar respuesta a las necesidades del Ministerio Público en la persecución del secuestro y otros delitos de gravedad", con el fin de "darles tramitación legislativa, aun cuando encontremos resistencia del Gobierno".