Nacional
Crónica
Policial
12/09/2023
“Creo que lo que se necesita es ver la factibilidad que a los fiscales que vemos causas complejas se les autorice para portar armas de fuego”.
Esa fue una de las respuestas registradas en la última encuesta sobre la seguridad de los fiscales, impulsada por la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), aplicada en julio pasado. Los resultados evidencian la preocupación que mantiene el gremio respecto a la peligrosidad a la que se ven expuestos los persecutores del Ministerio Público, en el ejercicio diario de sus funciones.
Y se suma a las amenazas conocidas la semana pasada sobre algunos jueces de garantía que habrían estado en la mira de una facción del Tren de Aragua, que está recluido en Santiago Uno y habría diseñado un plan para atentar contra esos funcionarios del Poder Judicial.
La consulta, fue respondida por 457 fiscales asociados, de los cuales 160 afirmaron encontrarse en riesgo, 21 reconocieron haber sido agredidos físicamente y 192 declararon haber sido amenazados en función de su cargo. Una realidad que aumentó en comparación con la encuesta realizada el año pasado.
Para el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, las cifras son un reflejo del amedrentamiento y el hostigamiento al que se ven expuestos sus asociados.
“Las amenazas a fiscales son una realidad casi cotidiana”, alerta Bravo, y asegura que “efectivamente sienten que están en una situación de vulnerabilidad”.
Frente a las situaciones de riesgo, desde el Ministerio Público han provisto a algunos persecutores de botones de pánico, chalecos y cascos antibalas, láminas de seguridad para sus vehículos e, incluso, del servicio de Protección de Personas Importantes (PPI).
Sin embargo, para un porcentaje del gremio las medidas no son suficientes y, ante la falta de seguridad, han planteado incluso la necesidad de portar armas.
“Esto no tiene que ver con que nosotros queramos usar armas de fuego. A mí no me gustan las armas de fuego y no me gustaría usarlas, pero en las situaciones que estamos viviendo no podemos descartar desgraciadamente ninguna de las medidas que los propios colegas sugieren como posibles, ante situaciones que pueden afectar o poner en riesgo su vida”, revela Bravo.
El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales reconoce que los amedrentamientos, además de convertirse en habituales en las fiscalías del país, han obligado a algunos fiscales a optar por cambiarse de casa o, incluso, de región.
Según la encuesta, son 18 los persecutores que declararon un cambio de domicilio particular por razones de seguridad.
“Recuerdo un caso de un colega de La Araucanía… publicaron un cartel en la vía pública que decía ‘sabemos dónde estudian tus hijas’. Era una amenaza directa”, relata Bravo.
El problema, advierte, no es solo que tengan que buscar un nuevo hogar, sino también que deben hacerlo con sus propios recursos.
“Cuando un fiscal es traslado a otra región y tiene que trasladarse con su familia, con sus hijos… ¿Quién se hace cargo que ese hijo que estudia en la universidad llegue a otra universidad y le convaliden los ramos y le paguen la convalidación de los ramos?”, cuestiona.
Pero no solo se trata de amenazas escritas. Un 22% de los fiscales que respondieron la encuesta reportó seguimientos de personas sospechosas, mientras que un 71% aseguró que es necesario que su auto sea reforzado con láminas de seguridad.
Francisco Bravo recuerda que hace ocho meses, el vehículo en el que se desplazaba un fiscal -que iba con protección policial y que estaba investigando una causa de crimen organizado- fue interceptado por otro auto, desde donde le apuntaron con un arma de fuego.
Y si bien explica que no tienen registros de fiscales que deserten por razones de seguridad, reconoce que algunos han manifestado la posibilidad de dejar sus carreras como agentes del Ministerio Público si no son trasladados a otras regiones.
El 68% de los fiscales que respondieron la consulta, declararon que su situación de seguridad -en comparación con el año pasado- se ha mantenido, mientras que un 19,66% aseguró que ha empeorado y un 11,75% afirmó que ha mejorado.
En la misma encuesta, algunos persecutores manifestaron preocupación por los cambios en la criminalidad en Chile. “El tipo de delincuente hoy se atreve a agredir a cualquier autoridad, caso más concreto alcalde de Zapallar”, respondió un fiscal, haciendo alusión al asalto del que fue víctima el jefe comunal Gustavo Alessandri en julio de este año, y por el cual sufrió múltiples lesiones.
“Hay bandas peligrosas, trataron de poner una bomba en la cárcel, (...) grupos organizados que perfectamente podrían atentar” o “aumentó la sensación de inseguridad, forzaron la puerta de mi domicilio, por lo que tuve que reforzarla”, son otras de las respuestas que quedaron registradas en la encuesta.
Es en ese contexto, según Bravo, que algunos fiscales plantearon la necesidad de portar armas de fuego. Una de las preguntas de la consulta era “¿le gustaría tomar clases de?:”, que incluía tres alternativas, entre ellas la de manejo de armas, que sumó 224 respaldos.
Los persecutores apuntaron a la necesidad de usar armas para ocasiones excepcionales, o en situaciones que signifiquen un riesgo para el propio fiscal y sus familiares. Una solicitud que, además, incluía cursos de tiro.
“Incluir de manera explícita la autorización para fiscales de porte de armas en la ley”, respondió un fiscal del Ministerio Público para profundizar en esta alternativa de protección. En esa línea, el fiscal Bravo espera que no se tenga que llegar a esa opción. “El hecho de andar con armas es de última ratio”, puntualiza.
Otro problema que complejiza el funcionamiento de los fiscales, es que sufren hostigamientos en sus propios espacios de trabajo, como en las salas de audiencias.
Según datos obtenidos en la encuesta, un 72% declaró sentir más inseguridad en los tribunales que en la vía pública o que en el sitio del suceso. Mientras que un 68%, en tanto, reconoció haber presenciado hechos de violencia al interior de las salas de audiencia y un 88% haberlo hecho al exterior de tribunales.
Francisco Bravo recuerda un episodio que refleja ese porcentaje. Hace seis meses, mientras se desarrollaba una audiencia de juicio en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, se comenzaron a escuchar balazos, justo en el exterior. A pesar de esa amenaza, la sesión continuó.
“La fiscal dice ‘parece que hay balas’, estaba declarando una perito, el tribunal siguió funcionando y afuera había una persona muerta. Y la fiscal tuvo que salir por la misma puerta pública, por donde sale todo el mundo. No había ningún protocolo frente a esto. Esto habla de que en muchos casos estamos normalizando situaciones que son complejas y nos estamos exponiendo”, relata.
Bravo señala que este tipo de episodios en la zona norte es cada vez más habitual y que está asociado a la alta presencia de organizaciones vinculadas al crimen organizado, cuyos grupos buscan intimidar y amenazar a los fiscales o jueces durante las audiencias. Por ello, el persecutor espera que la Fiscalía Nacional tome mayores medidas de protección, y así sus asociados no tengan que pensar en cursos y manejo de armas de fuego.
