Nuevas lagunas podrían ser declaradas como humedales urbanos de aquí a fin de año en la Región, de acuerdo a la Seremi del Medio Ambiente del Biobío. Esto en el marco de las 16 áreas protegidas de este tipo que se reparten en diversas comunas, y los 20 sitios que el secretario regional ministerial, Óscar Reicher, mencionó que estaban en proceso hasta mayo pasado.

De hecho, la autoridad confirma que esa cifra aumentó y “son 24 los que se están tramitando actualmente. Los últimos ingresados son el humedal de Los Ángeles y otro en Santa Bárbara”, informando que “cada uno de estos tiene un estado de tramitación más o menos avanzado. Estimamos prontamente estar cerrando procesos administrativos de algunos humedales que son relevantes para la Región”.

En ese sentido es que esperan como Ministerio “estar prontamente haciendo declaraciones, antes de que termine el año. Hay revisiones jurídicas que se están efectuando con estos expedientes que ya están en etapa avanzada”. Allí podrían entrar lugares como la Laguna La Señoraza de Laja, o espacios como La Greda de Penco y Vasco Da Gama de Hualpén, entre otros. “Son posibles, dependiendo de cómo avancen en la revisión jurídica e inspecciones”, dice Reicher.

“La Señoraza es una laguna bien sensible. Llevamos varias revisiones en terreno dado que, como lleva un tiempo tramitándose, es importante ir actualizando los nuevos criterios de los tribunales ambientales. Hemos querido hacer inspecciones in situ para confirmar no sólo los criterios que están en el reglamento sino ajustarse a los que han salido en los últimos fallos. De esa manera, pasamos el riesgo de que se anule por alguna reclamación”.

Las últimas superficies naturales resueltas como humedales urbanos fueron los humedales Paicaví de Concepción, relevante por sus riesgos de extinción y amenazas externas, y el Price de Hualpén, utilizado como sitio de descarga de aguas y controlador de inundaciones. Aquella noticia fue dada a conocer en mayo del presente año por la Ministra del Medio Ambiente Maisa Rojas.

Aquella denominación permite, de acuerdo a la autoridad local, dos cosas fundamentales. En primer lugar, un cambio a los planes reguladores comunales para que se modifiquen en atención a ello, con tal que estas áreas queden reconocidas como áreas de valor natural. “Hoy, por ejemplo, un humedal no declarado podría destinarse a usos que afecten su funcionamiento, pero con esta declaratoria se produce que lo que se desarrolle en el humedal debe ser compatible”, sostiene Óscar Reicher.

El segundo efecto tiene que ver con que, dependiendo de cómo se analice la actividad externa que se va a desarrollar en el sitio y sus efectos sobre el humedal, deberá ser está sometida a consulta de pertinencia, declaración o estudio de impacto ambiental.

Fiscalizaciones y denuncias

Además de las proyecciones para los meses que restan de 2023, el seremi de Medio Ambiente se refirió a las denuncias que se suelen recibir por parte de la ciudadanía en torno a estos importantes paisajes.

En detalle, la mayor problemática surge debido a “los rellenos ilegales que se producen. Por ejemplo, en el humedal Vasco da Gama y Los Batros, donde hay diversas aristas que se están desarrollando tanto en lo administrativo como en la búsqueda de una intervención judicial para paralizar esos rellenos que se están efectuando”.

“Hay procesos sancionatorios por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente y la Seremi de Salud para aplicar las sanciones correspondientes. Y también en algunos lugares como Arauco donde se producen casos de animales que se posan en los humedales y afecta de alguna manera al ecosistema”, agrega.

Sin embargo, Reicher hace énfasis en que la Seremi de Medio Ambiente no tiene facultades fiscalizadoras, pero han detectado actividades en los humedales que afectan su funcionamiento y que, para ese combate, es necesario ampliar los organismos públicos que pueden intervenir como persecutores.

“Recibimos constantemente denuncias, las cuales derivamos a los organismos competentes. También hemos conformado un comité de supervigilancia ambiental, que está en proceso de constitución formal para reunir a las distintas instituciones. Si hablamos de rellenos ilegales, le corresponde a la Seremi de Salud a través de sumarios sanitarios. Si se trata de proyectos que debieron someterse a evaluación ambiental y no lo han hecho, la Superintendencia de Medio Ambiente actúa. Sernapesca es otro organismo importante que puede tener competencias si se afecta al mar”.

Así entonces registran más de 14 entidades públicas que son capaces de llevar a cabo procesos ante faltas a la normativa, incluyendo a Carabineros. “Buscamos coordinar para evitar que las personas que denuncien no deban golpear 1, 5 o 10 puertas”.