Ad portas de que el Ejecutivo presente el proyecto de Ley de Presupuestos 2024, parlamentarios ya prevén cuáles serán los ejes que marcarán la discusión en el Congreso Nacional, los que, debido al bullado Caso Convenios, podrían presentar mayores restricciones a los Gobiernos Regionales.

Desde el Gobierno Regional del Biobío (Gore), institución que ha estado bajo investigación del Ministerio Público por convenios realizados con fundaciones, que han sido cuestionados, mantienen la confianza en que se apruebe la solicitud de aumento de presupuesto que presentaron a la Dirección de Presupuesto Nacional (Dipres) en junio pasado.

Gobierno Regional y aumento de presupuesto

Recordemos que en el semestre pasado, y tras un trabajo de la Comisión de Presupuesto del Consejo Regional (Core), el Gore Biobío solicitó a la Dipres que para el 2024 la inversión para la región fuese de $161.258 mil millones de pesos; este 2023 fue de $104.072 mil millones.

Ante esa solicitud de incremento en las arcas regionales, el Gore mantiene el optimismo de que será entendido y aprobado por el Ministerio de Hacienda y la Dipres, fundado en la óptima ejecución de recursos que han llevado adelante este año.

En ese sentido, desde el Gore Biobío indicaron que “nuestras expectativas, y tal como ha ocurrido bajo la actual gestión, son positivas. Esto considerando que somos uno de los Gobiernos Regionales con mejor ejecución presupuestaria del país y que, por ello, accedemos a incrementos de nuestro presupuesto inicial de inversiones”.

Explicaron, por ejemplo, que el año en curso fue iniciado con recursos de $104.072 mil millones de pesos, “y a fines de agosto llevamos un marco presupuestario de $123.641 mil millones, con una ejecución, a la misma fecha, de poco más de $81.432 mil millones. Por lo tanto, esta positiva gestión ha permitido apalancar más de $19 mil millones adicionales en beneficio de la Región”.

¿Qué pasa si no se logra el aumento solicitado?

Respecto a esta hipotética situación, desde el Gobierno Regional indicaron que se verían en la obligación de definir nuevas prioridades de inversión, lo que podría afectar el financiamiento de proyectos demandados por las comunidades, en especial, las que son presentadas por los municipios.

En un cálculo de referencia de inversión, “de cada 10 pesos de inversión en las comunas, 6 provienen del presupuesto que es administrado por el Gobierno Regional, por lo que, de no concretarse aumentos en los recursos, quedarán iniciativas a la espera, de diversa índole, como social, cultural, deportivo, educacinal o en infraestructura”, dijeron del Gore Biobío.

Ante todo, señalaron que las 15 medidas de probidad que impulsaron tras el estallido del Caso Convenios -las que fueron solicitadas por la propia Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda-, podrían servir de fundamento para la aprobación del aumento de presupuesto para el próximo año.

“Las 15 medidas iniciales, que hoy ascienden a 18, del plan de mayor transparencia y probidad que pusimos en marcha, (…) son una garantía y un pilar, junto con la positiva y ya mencionada ejecución presupuestaria, para que la llegada de recursos se incremente para así ampliar las inversiones”, sostuvieron desde el Gore.

Cómo se viene la discusión parlamentaria

Consultados algunos congresistas del Biobío respecto a cómo visualizan que estará la discusión en el pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados, las conclusiones llegan a un factor común: será un debate áspero y marcado por mayores exigencias para los Gobiernos Regionales.

La diputada de la República, Joanna Pérez (Democrátas), explicó que “vamos a ser muy exhaustivos en lo que tiene que ver con las transferencias a privados, especialmente las que entreguen los Gobiernos Regionales, para generar un marco regulatorio por la misma Ley de Presupuesto, por las glosas presupuestarias, para que todo tenga que ser conocido y resuelto por el Core”.

Para Pérez, eso entregaría mayores facultades a los consejeros y consejeras regionales, mismas autoridades que han solicitado la eliminación de las inhabilidades que, por ley, no les permite conocer aquellos convenios que sean inferiores a 7 mil UTM.

Aquello, según Pérez, sería para “fiscalizar el uso de esos recursos y la destinación, la prioridad del gasto, ya sea via concurso, como lo son las subvenciones, o a través de algún programa que sea necesario deba estar inserto en una política de trabajo del Gobierno Regional, (…) que no sea algo arbitrario del gobernador o gobernadora, que haya una estrategia”.

La diputada María Candelaria Acevdo (PC),expresó que “va a ser una discusión áspera”, en donde los ejes estarán centrados en salud, vivienda y seguridad, “tres de las demandas más sentidas de la población”, y, además, señaló que también “todo lo que tenga relación a medidas de probidad y control de gasto de las entidades públicas como los Gobiernos Regionales, ministerios, alcaldías, etc.”

Asimismo, el diputado Eric Aedo (DC), sentenció que los ejes centrales de la discusión sin duda serán el “cómo controlamos el buen uso de los recursos, terminando con el abuso de las transferencias directas a fundaciones. Lo otro, es cómo el presupuesto del próximo año se orienta a la reactivación de la economía, generando condiciones para la inversión y la creación de empleo”.

Posible fin a la inhabilidad de las 7 mil UTM

Recordemos que, como bien explica la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional (N° 19.175, refundida), solo se requiere la aprobación del Consejo Regional para proyectos que sean superiores a 7 mil UTM ($444.164 millones de pesos); aunque, trimestralmente el gobernador regional debe dar cuentas de los convenios inferiores a ese monto que haya efectuado.

Esta inhabilidad de los cores -muy cuestionada por ellos-, fue una de las aristas en cuestión tras el destape del Caso Convenios. Como medidas reparatorias en probidad, el Gore Biobío impulsó variadas medidas para aumentar la fiscalización de los recursos invertidos y traspasados a organizaciones, donde se incluyó que todo proyecto, desde el peso 0 hasta el límite de la iniciativa, sea revisada por el Core.

Sin embargo, eso es una iniciativa voluntaria del Gore Biobío -y mandatada por el Ministerio de Hacienda-, porque, como se explicó, esto no está visado en la ley que les compete. Es así que parlamentarios y parlamentarias de la región expusieron que esta elemento tendrá un acento importante en la discusión para la Ley de Presupuesto 2024.

Por ejemplo, el diputado Aedo señaló que el análisis de ese elemento “será prioritario y creo que hay un consenso transversal en mejorar la transparencia y los controles al destino y uso de los recursos”.

La diputada Acevedo explicó que “las medidas de control de gastos y probidad será uno de los grandes temas a discutir”, diciendo, como su colega Aedo, que “en esto creo que hay total consenso, en la condena al mal uso de recursos públicos. Debemos revisar la forma de entrega de los mismos, así como también los mecanismos de rendición”.