"Por cada 10 personas que van ingresando al Registro Nacional de Deudores, hay 2,5 que pagan", advirtió la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.

En los primeros seis meses de funcionamiento de la nueva Ley sobre Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos se han pagado 52.347,8 millones de pesos (unos 60,2 millones de dólares) en liquidaciones de deuda con cargo a los fondos de pensiones de deudores de alimentos, tras instrucciones de los tribunales de familia.

Según un reporte publicado por la Superintendencia de Pensiones, al 24 de noviembre pasado se habían realizado un total de 18.845 operaciones de pago, mientras que el monto promedio por pago llegaba a 2.777.811 pesos.

"Si bien representa un avance a la situación que observábamos antes, de estas leyes no es suficiente, porque estamos hablando de recursos esenciales para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y de miles de hogares que terminan liderando una mujer sola, en su mayoría", señaló Orellana al comentar el balance realizado por la Superintendencia.

"Queremos seguir fortaleciendo la aplicación de esta ley y es por eso que para el Presupuesto 2024 como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, junto al Ministerio de Justicia, solicitamos destinar más de 11.000 millones de pesos para tribunales de familia y otras instituciones relacionadas con la implementación de esta ley", agregó la ministra.

Esos recursos, explicó Orellana, "permitirán agilizar los procesos y disponer de más funcionarios y funcionarias para poder hacer efectivos los pagos, tal como ya lo estamos haciendo".

Cabe recordar que el 20 de mayo pasado comentó a regir la Ley N° 21.484 que establece un mecanismo de pago permanente de las deudas de pensiones de alimentos que mantiene pendiente una persona, otorgándole a los tribunales de familia la facultad y la responsabilidad de investigar sus cuentas financieras, bancarias, de ahorro previsional voluntario e incluso, si corresponde, de ahorro previsional obligatorio.

Para lo anterior, dichos tribunales consultarán a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y otros servicios del Estado, además de las administradoras de fondos de pensiones (AFPs), con la finalidad de ordenar el pago de las deudas con recursos previsionales.

La información reportada por las siete AFPs da cuenta que los mayores montos pagados corresponden a cuentas gestionadas por Provida (34,98%), Habitat (23,08%) y Capital (18,59%).