Tras el plebiscito de salida para la propuesta constitucional del 2023, son varias las materias que el Ejecutivo ha puesto nuevamente en la discusión política. No es que estas hayan dejado de discutirse, solo que ahora, con un frente de discusión menos al que poner atención, la reforma a las pensiones y el Pacto Fiscal, vuelven a estar en el centro del debate nacional.

De tal manera, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio a conocer el informe final para el Pacto Fiscal, titulado como “Pacto por el crecimiento económico, el progreso social y la responsabilidad social”, en el cual se da un grueso resumen de cuáles serán los lineamientos que La Moneda seguirá para presentar los proyectos de ley referidos a la actualización tributaria.

Sin embargo, el panorama no es óptimo, al menos por ahora, para el Gobierno. Si bien la narrativa post-plebiscito de Palacio fue en pos de un llamado a generar amplios acuerdos con todos los sectores políticos, lo cierto es que la oposición aún se encuentra reticente ante ciertas reformas.

Informe por Pacto Fiscal

En resumen, lo que se buscará impulsar mediante el Pacto Fiscal, y de lo que se logra extraer del Informe por el mismo, es una “nueva etapa de desarrollo” mediante políticas públicas que logren “movilizar recursos, ofrecer incentivos y generar más certezas”. Los pilares: mayor eficiencia y transparencias del Estado, crecimiento sostenido y responsabilidad fiscal.

Es en ese sentido que Hacienda configura el Pacto Fiscal en seis ejes principales: necesidades y prioridades de gasto en favor de las necesidades expresadas por la ciudadanía; compromisos de reforma para fortalecer la transparencia, eficiencia y calidad de servicio del Estado; impulso al crecimiento a través de la inversión, productividad y formalización de la economía.

Continúa con los tres últimos que refieren a principios para un sistema tributario moderno en Chile; fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias y reforma del impuesto a la renta; y mecanismos institucionales para el seguimiento, monitoreo y evaluación del Pacto Fiscal.

El primer eje, el que habla de las prioridades del gasto en materias que expresan urgencia en la ciudadanía, se propone de la siguiente manera: un mayor gasto fiscal en pensiones por un 1,2% del PIB; salud un 0,9% del PIB; prevención, seguridad pública y crimen organizado con un destino del 0,3% del PIB; protección social, un 0,3% del PIB en inversión.

Así, y haciendo un recopilado del informe, hay varias materias y nuevas instancias que se proponen crear. Por ejemplo, se habla de la creación de la “Agencia de la Calidad de Políticas Públicas (Acpp)”, la del “Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile”, el fortalecimiento de activos y pasivos financieros del Gobierno, etc.

Busca, también, el Pacto Fiscal, un estímulo al crecimiento mediante la racionalización regulatoria para proyectos de inversión, modernización de la gestión de permisos ambientales (reformando la Ley N°19.300), reformar los permisos de concesiones marítimas, entre otros aspectos.

En fin, el informe base del que se desprenderán las diversas acciones para impulsar el Pacto Fiscal, cuenta con 28 páginas donde se detalla cada punto a debatir, de ahora en adelante.

El inminente debate en la Cámara

Si bien todo tendrá que traducirse en proyectos de ley que el Ejecutivo deberá presentar al Congreso Nacional, y aunque el informe final respecto al Pacto Fiscal está fresco, es reciente, ya hay miradas parlamentarias sobre sus alcances y propuestas.

Desde el oficialismo, la diputada comunista, María Candelaria Acevedo, dijo que si bien es un documento “que tengo que analizar con mayor detalle, a priori cuenta con mi apoyo”, sobre todo porque cree que “este Pacto Fiscal, llega en un momento clave para el país, en donde tenemos grandes desafíos de cara al futuro y es por lo mismo que siento que es una propuesta que puede generar prosperidad para en el país en los próximo años”.

Para Acevedo el informe también viene a saldar lo que estalló con el Caso Convenios: la caída abrupta de la confianza en instituciones públicas y la clase política. “El informe es muy claro en varios aspectos, en donde hay uno muy sensible dados los acontecimientos de este año (Caso Convenios), que señala la incorporación de 12 iniciativas en materia de reforma del Estado” para cumplir con dos objetivos: elevar la eficiencia del sector público y aumentar la transparencia.

Asimismo, señaló algo que ha generado debate, sobre todo en la oposición: medidas para el impulso del crecimiento económico. El Pacto Fiscal “propone medidas para estimular el crecimiento sostenido, con más de 30 medidas, lo que viene a dar mayores certezas a la ciudadanía y también a quienes quieren invertir invertir en el país”, señala Acevedo.

En un similar tono, el diputado, Eric Aedo (DC), aseveró que, además de valorar el trabajo que diversos sectores políticos han realizado este último tiempo para lograr acuerdos, el Pacto Fiscal va a “contar con el respaldo de la Democracia Cristiana en todo aquello que dice relación con la elusión y evasión de impuestos”.

Además, Aedo recalcó que también están disponibles como DC para apoyar lo relacionado al desarrollo económico y a terminar con la “burocracia excesiva que existe en el Estado, especialmente en ministerios como el de Medioambiente que retrasan la inversión en el país”.

Sin embargo, puso el alto en aquello que ha generado mayores resquemores en algunos sectores políticos: los ajustes para mayor tributación.

Incluso, ahí se resquebraja en proporciones desafiantes la búsqueda de acuerdos que señala el Ejecutivo. De partida, el nuevamente precandidato presidencial de Republicanos, José Antonio Kast, apuntó directamente con la forma en que Hacienda pretende recaudar e imponer mayor tributación desde los impuestos.

Mayor tributación

En la página 26 del informe final sobre el Pacto Fiscal, se expone claramente que, en el eje de “reforma del impuesto a la renta”, habrá focalización de los “aumentos de impuestos a la rentas personales provenientes de capital, así como en los contribuyentes de mayores ingresos”.

Negativa total a aquello, al menos desde la UDI. Y es que, la diputada, Flor Weisse, indicó que su postura ya está clara, como la de su partido: no están a favor del Pacto Fiscal. “Yo estoy en contra total del Pacto Fiscal. Significa, finalmente, subir impuestos y yo estoy en contra de eso porque, lo que tiene que favorecer o lo que hace crecer un país, es precisamente el desarrollo y crecimiento económico”.

Para ello, y si bien el informe final presenta una serie de medidas para el crecimiento económico, para Weisse no es el centro de la medida. Debe haber “una base impositiva que crezca, no la tasa impositiva. Hoy, con la taza económica de crisis que tenemos, lo que hay que hacer es generar impulsos a los pequeños, medianos y las grandes empresas porque generan empleo; finalmente, esa es mi preocupación ¿Cuál es el foco? No hay mejor política económica que el empleo. Formales, por supuesto”.

Incluso, la diputada de Demócratas, Joanna Pérez, quien señaló estar de acuerdo en todas aquellas materias que refieren a una modernización del Estado para mayor probidad, inversión y desarrollo económico, dijo que “lo que no hemos conversado (con el Gobierno) es justamente la materia tributaria. (…) Hay una situación que es compleja políticamente pero además para otorgar más carga tributaria, sobre todo hoy en la situación que está el país”.

“Hay que ser muy creativos en cómo abordamos esta materia para no estresar más a quienes hoy están contribuyendo, y, a empresas que todavía están resistiendo para mantenerse, y las personas, la clase media”, señaló Pérez.