La comisión de Desarrollo Social de la Cámara aprobó en su idea de legislar tres mociones refundidas sobre establecer normas generales al otorgamiento de pensiones de gracia por parte del Presidente de la República, "para impedir la concesión de este beneficio a peticionarios con antecedentes penales".

Las iniciativas adquirieron notoriedad después de las informaciones que dan cuenta de la entrega del beneficio a personas que tienen antecedentes penales. Atizaron el debate el que además las recibieran en algunos casos quienes calificaron como víctimas en el contexto del 18-O, pero que a su vez fueron condenados por saquear.

Puesta en votación en general, las iniciativas contaron con el respaldo de Yovana Ahumada (ind.), Juan Carlos Beltran y Carla Morales (de RN), los UDI Joaquín Lavín y Marlene Pérez (presidenta de la comisión de Desarrollo Social), Héctor Ulloa (ind .- PPD), Francisco Undurraga (Evópoli) y Cristián Araya (P. Republicano).

Pese a que prosperó en su idea de legislar, diputadas del Frente Amplio y del Partido Comunista votaron en contra. Lo hicieron Clara Sagardía (ind.) y Claudia Mix, del FA, además de Candelaria Acevedo, del PC.

Al fundamentar su voto, Sagardía afirmó que "dado como se da la circunstancia y la discusión, y que considero que este proyecto de ley no debiera ser tratado en esta comisión, porque responde a una acción política que no es acción social que es nuestra comisión, voy a votar en contra de la idea de legislar".