El Presidente Gabriel Boric utilizará una facultad administrativa para revertir e invalidar las pensiones de gracia a quienes hayan cometido delitos, luego de que se conocieran varios casos de beneficiados condenados en el marco del estallido social. 

Durante su intervención en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se discute una reforma a la ley que permite otorgar estos beneficios, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que "la disposición del Presidente Boric es entregar una facultad para revocar (los beneficios); segundo, que esa facultad sea retroactiva (...) y que el Presidente de la República no va a esperar la ley para ocupar la facultad administrativa".

Explicó que "todos saben que ha habido un debate jurídico respecto si hay facultades administrativas para revocar o no revocar las pensiones de gracia. Por esa razón la Subsecretaria pidió un informe jurídico a un abogado experto en materias administrativas y constitucionales. La conclusión a la que tengo acceso hoy día es que las decisiones administrativas como el caso de la entrega de un decreto de pensión de gracia, pueden ser revocadas por razones de oportunidad, por razones de mérito y por razones de conveniencia en la medida que se busque proteger el bien común. Nos parece que esas causales es posible encontrarlas para fundamentar la revocación de una pensión de gracia".

Sobre los plazos, Monsalve agregó que "no me corresponde a mí fijarle los plazos al Presidente de la República (...) el Presidente ha decidido hacer uso de la facultad de revocación administrativa, se están fijando los criterios y no tengo ninguna duda a propósito de los plazos que el Presidente lo va a usar lo antes posible".

En la Cámara Baja se tramita un proyecto, refundido a partir de tres iniciativas impulsadas por la derecha -luego de la polémica similar que hubo en septiembre del año pasado-, a fin de impedir la concesión de pensiones de gracia a quienes registren antecedentes o condenas penales, y limitar la discrecionalidad y fomentar la transparencia en la entrega de la misma.

El Ejecutivo, que recientemente acusó recibo de la necesidad de modificar el procedimiento respectivo, ingresó indicaciones para revertir e invalidar las pensiones de gracia a quienes, una vez que se les otorgó la pensión de gracia, cometan delitos; y establecer como requisito la revisión de los antecedentes para el otorgamiento de éstas, pero sin prohibir su entrega en esos casos.