Dos votos en contra tuvo el acuerdo del pleno de la Corte Suprema para aprobar la renovación de sus automóviles. Aunque se trata de un proceso que está dentro de las normas de buen uso de los recursos fiscales, al señalarse que "se autorizarán renovaciones de vehículos que tengan un antigüedad superior a ocho años", la selección generó molestias entre algunos ministros, ya que el elegido es un modelo híbrido de la marca Lexus, con un valor superior a los $56 millones, según precios de lista en distintas web de automotoras.

Para el recambio de toda la flota -21 automóviles para los magistrados y uno para el fiscal judicial del máximo tribunal, proceso que fue gestionado por distintos estamentos de la Corporación Administrativa del Poder judicial (CAPJ), incluido el Departamento de Finanzas y Presupuestos-, el organismo desembolsaría poco más de $1.200 millones.

La decisión tuvo el rechazo del presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, y de la ministra Andrea Muñoz, quienes preferían que fueran "vehículos de la misma marca y modelo que se encuentran en uso actualmente", es decir, Toyota Camry, que fueron adquiridos en 2014, dice el acta del pleno de 2 de febrero.

Junto con Blanco y Muñoz, participaron de la sesión los ministros Manuel Valderrama, Arturo Prado, Ángela Vivanco, Mauricio Silva, María Angélica Repetto, Adelita Ravanales, Mario Carroza, María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo, Diego Simpertigue y Soledad Melo.

La compra de este modelo habría sido determinada por factores como el presupuesto asignado, la disponibilidad de modelos en el país y criterios de eficiencia energética.

"Se tomó contacto con la empresa Toyota Chile S.A con la finalidad de cotizar la adquisición de 22 unidades del modelo Toyota Camry Híbrido, es decir, manteniendo el mismo estándar de la actual flota", pero se "respondió que el modelo se encuentra descontinuado para Chile desde 2021", informaron desde el Poder Judicial, agregando que se revisaron 64 marcas de similares características, entre otras, "ser híbridos no enchulables" y la alternativa viable fue la elegida.

Precisaron, además, que siguieron el instructivo sobre buen uso de los recursos fiscales "para aquellos automóviles que se cambien durante el año", debiéndose "privilegiar la renovación por vehículos cero emisiones o de mayor eficiencia energética".