A pocos días del plebiscito constitucional, los comandos por el En Contra y el A Favor suben el tono de las campañas, haciendo referencia a los casos de corrupción, por un lado, y por otro criticando al Gobierno por la presunta falta de textos impresos de la propuesta de Carta Magna. 

Por el lado del En Contra, el excomisionado experto Gabriel Osorio apuntó a los casos de corrupción y sobornos que se han dado a conocer las últimas semanas, como son los que involucran al abogado Luis Hermosilla y al alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez.

"En el fondo para demostrar que en ambos casos el texto que se plebiscita el día 17 de diciembre no puede ser calificado de anticorrupción. Se ha hablado mucho sobre la muerte civil, sin embargo, la muerte civil que se propone en el texto no aplica a quienes corrompen a funcionario públicos, es decir, en el caso Hermosilla -por ejemplo- todas aquellas personas que querían corromper funcionarios públicos del Servicio de Impuestos de Internos o de la Comisión para el Mercado Financiero, no les alcanza la muerte civil, tienen un privilegio y es un engaño", explicó.

El también vocero por el comando Chile En Contra añadió que en el caso Algarrobo, "basta la aplicación del Código Penal como para saber que la inhabilitación para ejercer cargo público se les aplicará directamente. No hay ninguna novedad y en realidad no es más que solo un titular engañoso, puesto que quieren corromper funcionarios públicos, no les alcanza la sanción que tanto se promueve como lo es la muerte civil".

Por otro lado, desde el comando por el A Favor, la exconsejera Pilar Cuevas (RN) fustigó que "la desinformación de la gente es mucha y nosotros estamos difundiendo que esta Constitución, que es de la seguridad, que tiene Defensoría de las Víctimas, sala cuna universal, plan de salud universal, la ciudadanía todavía no la conoce porque no se han entregado la cantidad de textos que prometieron entregar".

"Creemos que tienen que informarse para poder votar este 17 de diciembre. Si conocen el texto, van a votar a favor; esta Constitución es promujeres, es antidelincuencia, es anticorrupción. Si usted quiere que eso termine en Chile, tiene que votar A Favor", agregó.

Y este sábado el Servicio Electoral (Servel) publicó en el sitio web www.servel.cl la nómina de vocales de mesa y los datos electorales. En esa línea, son pocos los días para presentar una excusa ante la junta electoral si es que no se puede ejercer como vocal de mesa debido a que el próximo sábado se publica la nómina definitiva.

SUPREMA SE ABSTUVO DE ENTRAR EN LA DISCUSIÓN CONSTITUCIONAL

La Corte Suprema se pronunció ante una consulta realizada por parlamentarios del Partido Comunista, quienes pidieron su opinión sobre los posibles riesgos que podría tener el texto propuesto respecto de la ley antidrogas.

El debate jurídico se abrió cuando un grupo de académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez afirmó que la regulación de las garantías penales mínimas que hicieron los consejeros transformaría en inconstitucional el combate contra el narcotráfico. 

El máximo tribunal aseguró que no emitirá pronunciamiento respecto al requerimiento formulado por los parlamentarios, sin embargo, el ministro de la Tercera Sala de la Suprema, Sergio Muñoz, hizo presente que la materia en consulta ha sido conocida por el Tribunal Constitucional, el cual la resolvió mediante el fallo de 1984.

El diputado Luis Cuello (PC) indicó que "la prevención del ministro Muñoz es decidora, porque plantea que esta discusión ya fue resuelta por una sentencia del Tribunal Constitucional el año 84, cuando examinó la ley sobre tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, que dice que la redacción actual de la Constitución permite un reglamento, fije el listado de drogas, puesto que solo se exige que el delito está expresamente descrito en la ley".

Por otro lado, puntualizó el parlamentario comunista, "lo que hace el nuevo texto es todo lo contrario, puesto que obliga a que las drogas estén contenidas todas en la ley y no en un reglamento, entonces lo que hace el ministro Muñoz es confirmar la interpretación que el nuevo texto hace inconstitucional la penalización del narcotráfico".