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29/11/2023
Los nombres de los primeros 52 parlamentarios que se someterán al test de drogas en la Cámara debieran definirse mediante un sorteo entre los comités. La muestra será tomada por la Universidad de Chile, institución que se adjudicó la licitación publicada en agosto de este año.
Una iniciativa que se ampara en el Reglamento sobre el Control de Consumo de Drogas en Diputadas y Diputados, aprobado en 2022, y que debió ser ratificado por la Corte Suprema luego de que cinco diputadas presentaran un recurso de protección contra la medida.
El 18 de agosto de 2023 se publicó en la plataforma de Mercado Público la licitación para contar con un laboratorio que pueda realizar la toma de muestras para el control de consumo de drogas de los parlamentarios.
“El adjudicatario deberá ser capaz de prestar el servicio en la totalidad, desde la colección de las muestras, análisis químico e instrumental, hasta la elaboración del informe final, bajo estrictas medidas de confidencialidad y resguardo de la privacidad de los donantes”, plantean las bases técnicas.
La licitación tiene por objeto cumplir lo establecido en el Reglamento de 2022 y que, en lo que resta de periodo parlamentario, los 155 diputados y el secretario general de la Corporación (adscrito voluntariamente) se realicen una muestra de matriz de pelo.
En las bases, se establece que las sustancias que se analizarán en el muestreo son: marihuana, cocaína metabolito, cocaína, opioides, benzodiazepínicos y anfetaminas.
Un proceso de ofertas y análisis de las mismas que duró casi tres meses y que culminó el 9 de noviembre pasado con la adjudicación de la Universidad de Chile, mediante el laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmaceúticas. $37.128.000 pesos chilenos (200 mil por muestra más IVA), es en definitiva lo que pagará la Corporación por el contrato que tiene tres años de duración.
Tras la adjudicación, lo que corresponde es definir quiénes serán los primeros en realizar la prueba, decisión que se tomará este miércoles, según fue confirmado a Mega Investiga por el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes.
“Sortearemos el primer grupo de los parlamentarios que tienen que hacerse el exámen antidrogas como corresponde. Este es un proceso que va a terminar el 2025 y que obliga a las y los parlamentarios a hacerse dos exámenes de forma aleatoria”, planteó Cifuentes.
La primera toma de muestras debiera realizarse la semana del 11 de diciembre, y en un plazo no mayor a 10 días debieran estar los resultados de las mismas.
Esta iniciativa no ha generado un consenso transversal en la Cámara, pues tuvo que enfrentar varias acciones judiciales, las cuales fueron interpuestas por los mismos parlamentarios.
El 24 de agosto de 2022, poco después de la aprobación de la medida en la Cámara, cinco diputadas ingresaron un recurso de protección contra la Corporación en la Corte de Apelaciones de Valparaíso por “actos ilegales y arbitrarios” en la dictación e implementación del reglamento.
En definitiva, lo que buscaban las diputadas Ana María Gazmuri, Marisela Santibáñez, Lorena Fríes, Marcela Riquelme y Clara Sagardía, era dejar sin efecto el proyecto aprobado y retrotraer el proceso mediante el cual se dictó.
Sin embargo, la Corte rechazó el recurso estableciendo que “no se advierte la forma en que la aplicación de este reglamento y la realización de los exámenes toxicológicos que en él se contemplan, pueda afectar sus garantías constitucionales, cuya modalidad se corresponde con el practicado a otros funcionarios de algún poder del Estado”.
Una sentencia que, el 14 de agosto de este año, fue ratificada por la Corte Suprema, luego de que las denunciantes llegaran hasta esa instancia para manifestar su oposición al reglamento. Una decisión que fue celebrada por los promotores del proyecto, los mismos que ven con entusiasmo la realización del sorteo, y el inicio de la toma de muestras.
“Porque avanzar en transparencia y en combate contra el narcotráfico es fundamental, esta norma, que logramos incorporar en el reglamento en forma permanente, que ganamos en la Suprema, que adjudicamos al laboratorio de la Universidad de Chile, va a ver por fin la luz”, planteó Juan Antonio Coloma (UDI), autor de la iniciativa, a Mega Investiga.
De acuerdo al protocolo sobre control de consumo de drogas de la Cámara de Diputados, firmado por el expresidente de la Corporación, Rául Soto, si un parlamentario diera positivo en el estudio, deberá realizar un nuevo test, cuyo procedimiento será de carácter reservado y con resguardo de todos los antecedentes privados de la autoridad.
De mantenerse positivo el resultado, el artículo 7 del Reglamento indica que el parlamentario deberá presentar una autorización anticipada de levantamiento de secreto bancario por el lapso de un año. Esto deberá ser enviado por escrito en los primeros 15 días siguientes del período legislativo.
Si se negará el diputado o diputada, será sancionado por la Comisión de Ética y Transparencia, de acuerdo a sus medidas establecidas.
Este protocolo también dispone que la Cámara deberá nombrar a un funcionario para que analice la información bancaria del parlamentario. Así, el dossier a entregar tendrá que contener las cartolas de todas cuentas e instituciones financieras que figuren a su nombre de los últimos seis meses a la realización del examen de drogas. De encontrar movimientos que superen las 800 unidades de fomento, es decir casi $30 millones, durante el lapso de un mes, se deberá enviar esa información a la Comisión de Ética para su análisis y posterior denuncia ante otras entidades del Estado.
