El día martes 2 de abril, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento presentado por diputados de oposición que buscaba frenar la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, la cual fue aprobada transversalmente por el Congreso el pasado 6 de marzo.

Fueron 54 parlamentarios de las bancadas de Republicanos, UDI, RN, PDG y el Partido Social Cristiano, que buscaban declarar inconstitucional el inciso 2 del artículo 12 sobre educación no sexista.

Sin embargo, en un fallo de seis votos contra cuatro, el TC declaró la total constitucionalidad de esta legislación que va en contra de la violencia de género.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió al tema señalando que la resolución del TC abrió paso a la promulgación de la Ley Integral “con acciones concretas para prevenir la violencia de género contra las mujeres desde la temprana edad”, agregó.

En cuanto a la educación no sexista, aseveró: “Estamos muy contentas de comunicar que el Tribunal Constitucional ha fallado a favor del artículo 12 de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (…) declarando esta como constitucional y perfectamente compatible con principios tan importantes como el derecho preferente de los padres a educar y, por supuesto, la libertad de enseñanza”.

Por su parte, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, indicó en redes sociales que “es una gran noticia y un avance civilizatorio histórico para Chile que, tras 7 años de tramitación, al fin podremos promulgarla, a pesar que sectores de oposición trataron de retrasar esta discusión. Prevenir la violencia también se da en espacios educativos. Cuando hablamos de Educación No Sexista hablamos de educar en igualdad de oportunidades a hombres y mujeres, y a cumplir con los estándares internacionales”.

Cabe recordar que, de acuerdo a lo informado por el Gobierno, esta ley busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género, estableciendo las bases y lineamientos para su abordaje, además de los deberes de los distintos órganos del Estado en esta materia, de acuerdo a los compromisos emanados de la Convención de Belém do Pará, instrumento internacional suscrito y ratificado por Chile desde 1996.