Para el próximo 7 de mayo está fijada la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, donde se apuntará a su responsabilidad de mando, durante los hechos ocurridos desde el 18 de octubre de 2019, en el marco del estallido social.

Ante esto, la máxima autoridad policial se jugó su última carta para dejar sin efecto la formulación de cargos, presentando un requerimiento ante el Tribunal Constitucional donde pide que se suspenda la audiencia, apuntando contra la Fiscalía y el Poder Judicial.

En el escrito, señaló que recurrió a esta instancia “como un hombre y ciudadano más de este país”, asegurando que el Séptimo Juzgado de Garantía “a través de un procedimiento irracional e injusto está afectando mi dignidad y honra, y amenazando mi libertad personal, además de buscar dañar, a través mío, de forma irremediable la institución de Carabineros de Chile”.

Respecto a la decisión del fiscal regional Xavier Armendariz, acusa que “pretende imputarme un delito que no he cometido de forma comisiva ni activa”, que en su cargo de director de orden y seguridad durante el 18-O, “no permití ni validé ningún hecho que pudiera estimarse un exceso de uso de la fuerza”.

En esa línea, Yáñez sostiene que la solicitud hecha por la Fiscalía “contiene vicios que la hacen susceptible de ser anulada y que al no haberse declarado así por el juez de primer grado, vulneró garantías constitucionales como el debido proceso”, apuntando que el tipo penal que se le imputará es “artificioso”.