En 2022, en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, “se transfirieron recursos a 73 proyectos por $785.440.886, según registros de la cuenta 1210601, Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado, que no aparecen con rendiciones presentadas, según lo informado por el servicio en su base de datos Recursos Transferidos y Rendidos 2022. Tampoco presentan gastos aceptados en la contabilidad”.

Así, lo informó la contralora (s) Dorothy Pérez, la mañana de este martes en su exposición ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que indaga los recursos transferidos a privados por organismos del Estado a partir de convenios.

Pérez dio cuenta de una auditoría a los procesos de gestión de la oferta, de la demanda y de la información sobre la atención especializada a NNA vulnerados en sus derechos, en la Dirección Nacional del Servicio entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.

En el detalle entregado por la autoridad se señala, por ejemplo, que se verificó que a un proyecto de la Fundación Mi Hogar Mi Familia, se le transfirió en enero de 2022 un monto de $1.442.120, por el cual no se presentó una rendición posterior y entre febrero y diciembre del mismo año, se realizaron 23 transferencias por la suma de $21.110.875, que tampoco aparecen rendidos.

Así, se constató, que al 30 de abril de 2023 se encontraba sin aprobar ni contabilizar la suma de $7.915.812.553, correspondiente a rendiciones de cuentas de 184 proyectos, presentadas por los respectivos Organismos Colaboradores Acreditados (OCAs) en 2022.

“Muchas veces cuando en la Contraloría hacemos presente una observación de rendición de cuentas, luego la prensa informa que se han desaparecido esos dineros y eso no es así. Lo que sucede es que se tiene que rendir detalladamente y luego eso tiene que quedar reflejado en la contabilidad. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que hay errores en esas rendiciones y contabilidades. No estamos diciendo que los dineros estén desaparecidos y lo recalco con mucha insistencia. Pero son cuestiones que contablemente tienen que ser corregidas porque la contabilidad es clave luego para la toma de decisiones”, precisó la jefa de la entidad fiscalizadora.

Conadi

En la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), en tanto, se ordenó un procedimiento disciplinario y se remitieron antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado a partir de la auditoría a los procesos de licitación pública adjudicados a la Sociedad de Profesionales Chikawal Limitada.

La empresa se creó en febrero del año 2023 y a junio de igual anualidad ya se había adjudicado cinco licitaciones por $245 millones.

“Remitimos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público porque nos corresponde remitir los antecedentes cuando hay algunos elementos que eventualmente pudieran dar lugar a pensar que hubieran hecho que revistan caracteres de delito. Nosotros no hacemos esa calificación”, precisó Dorothy Pérez.

En el detalle presentado, se señala que en los proyectos de Chikawal en Osorno, Cañete, Temuco y Calama, se advirtieron irregularidades como criterios poco objetivos, inconsistencias en los factores a evaluar, asignaciones de puntaje erróneas o la no constatación de la experiencia requerida en las bases de licitación, entre otras situaciones.