Polémica generó el oficio enviado por el ministro de Justicia, Luis Cordero a Gendarmería, donde solicitó que informe periódicamente a los tribunales y al Ministerio Público respecto a la situación carcelaria del país.

Y es que el secretario de Estado ha señalado en varias oportunidades la preocupación por el aumento de la población penal. Esta semana, afirmó que el número personas privadas de libertad en el país ha aumentado en los últimos 24 meses cerca de un 40%. Esto, mientras las plazas continúan siendo 41.000, las mismas desde aproximadamente una década.

"Yo vengo hablando hace un año y ayer (lunes) yo hice una exposición en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, donde dije que este era uno de los temas de derechos humanos, combinados con seguridad, más complejos que tiene que enfrentar al país", precisó la autoridad. Es más: ante las críticas que surgieron por el oficio, el ministro golpeó la mesa, y afirmó que "lo único que hice, es que esa información que es pública, se entregue permanentemente. No sé desde cuándo decir datos públicos y decir la verdad es un problema".

Asimismo, defendió que no hay un propósito de incidir en la prisión preventiva. La mención la hizo puesto que en enero, el titular de Justicia ya había abierto un debate en torno a este tema, apuntando a un presunto "abuso" de la prisión preventiva. "Cuando tenemos un abuso de la prisión preventiva y aumenta las personas privadas de libertad, a usted le impide razonablemente hacer dos cosas dentro de la cárcel (...) la primera es segregar de modo eficaz, y la segunda, tener políticas de reinserción adecuada, que es donde uno debiera focalizar en el caso particularmente de los condenados", dijo en esa oportunidad.

Las cifras de la población penal

De acuerdo a cifras de Gendarmería, actualizadas al 31 de marzo de este año, las personas privadas de libertad -es decir, al interior de las cárceles-, son 57.872. De ellos, 53.317 son hombres (92,1%) y 4.555 son mujeres (7,9%).

En tanto, otras 68.717 se encuentran en un sistema abierto (libertad vigilada, por ejemplo), y 17.672 son parte del sistema post penitenciario (quienes ya han cumplido condena).

En total, estos tres sistemas da una población total de 144.261. En cuanto a las personas bajo régimen de control cerrado, 33.745 se encuentran en reclusión las 24 horas y 20.615 están en condición de imputados, esto es, en prisión preventiva. Al revisar por mes, y tal como ha señalado Cordero, la evolución es ascendente.

En abril de 2022, había 46.647 personas en régimen cerrado; ya en diciembre, la cifra había aumentado a 49.214 (+5,5%). En enero de 2023, los internos llegaban a 49.846, y a mediados de año, en junio, ya eran 53.600, para cerrar en diciembre con 55.922. Hasta ahora, las cifras disponibles respecto a 2024 muestran que la población penal llegaba a 56.579 en enero; 56.926 en febrero; y las 57.872 señaladas antes, en marzo.