Fiscalizar el desarrollo sostenido en el norte del país, vigilar la expansión de la salmonicultura en la zona austral, combatir la pesca ilegal no declarada y la contaminación marina, prevenir el tráfico ilícito, crimen organizado y la migración ilegal por pasos no habitados, son algunas de las nuevas exigencias que se suman a las funciones que debe realizar la Armada de Chile y, por ende, la Policía Marítima, encargada de velar por la seguridad del país en los espacios marítimos.

Lo anterior se traduce en nuevas exigencias de fiscalización, control y vigilancia para la autoridad marítima, sin contar con más personal.

Frente a este escenario, el Ministerio de Defensa Nacional y la Armada de Chile presentaron un proyecto de ley que tiene como objetivo aumentar la dotación de la Policía Marítima y fortalecer el control de los espacios marítimos y de las aguas interiores del país, el que tras un rápido proceso de tramitación fue aprobado y ahora se encuentra en condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley.

Y es que, actualmente, para cumplir sus funciones tradicionales -y los nuevos desafíos- cuentan con 289 oficiales. Esta iniciativa proponer un aumento progresivo de 125 en un plazo de tres años, lo que significa un total de 414 oficiales, es decir, un incremento del 43,25% del personal.

Al ser un proceso progresivo, durante el primer año se espera concretar un aumento de 33 plazas, 36 para el segundo, y 56 para el tercer año. A lo que se suma la modificación reglamentaria -realizada en mayo de 2023- que fortalece con 500 puestos adicionales al escalafón de Gente del Mar (GGMM).

De esta manera, se reforzará la Armada, especialmente la Policía Marítima, al integrarse 125 nuevas patrullas a nivel nacional, las que estarán compuestas por un oficial y cuatro funcionarios del escalafón de GGMM. Esto permitirá fortalecer las tareas de vigilancia, fiscalización, e inspección, como también el desarrollo de labores relacionadas a la preservación del medio ambiente marino y áreas protegidas.

Es decir, según explicó el Ejecutivo, incrementar la presencia oportuna y permanente de la autoridad marítima en los diversos requerimientos marítimos.