Actualmente en los recintos penitenciarios ubicados en el territorio hay cuatro niños menores de 2 años, tres en Concepción y uno en Arauco, viviendo junto a sus madres con pena de cárcel, en el contexto del Programa Creciendo Juntos que busca mantener el apego materno infantil, información detallada desde Gendarmería Regional del Biobío.
En el contexto del 25 de abril, Día Internacional de la Lucha Contra el Maltrato Infantil, esta cifra recuerda la necesidad de avanzar con la conocida Ley Sayen, cuyo título de tramitación, es: Modifica el Código Procesal Penal en Materia de Procedencia de la Prisión Preventiva y de Suspensión de Ejecución de la Sentencia, respecto de mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de tres años. Sin embargo, las últimas indicaciones han planteado que sea hasta los dos años.

Esta ley fue ingresada el 4 de enero de 2017 al Congreso, luego de lo ocurrido en octubre de 2016, momento en que una mujer embarazada fue sometida a una cesárea en el Sanatorio Alemán de Concepción, engrillada y el nombre de la recién nacida fue Sayen.

El director del Departamento de Derecho Penal de Universidad de Concepción, Dr. Nelson Villena, estableció que “promulgar una ley como la que se está tramitando, evidentemente sería un avance significativo para el resguardo del interés de un niño menor de dos años”.

Esto dado que sus condiciones de vida, físicas y psicológicas serán mucho mejores que las que tiene actualmente si su madre está privada de libertad, explicó el académico. “Determinaría que pudiera desenvolverse en un entorno mucho más normal, mucho más cálido que el que existe actualmente, evidentemente que el proyecto es muy beneficioso”, dijo.

Respecto de la complejidad que existe para dar avance a esta ley, según el Dr. Villena, radica en que “alguien pudiera pensar que esta normativa, de promulgarse, podría significar un incentivo, entre comillas, para que las mujeres engendraran y evitaran el castigo penal”.

Sin embargo, desde el punto de vista del académico no es un argumento válido. “Es mucho más razonable privilegiar una privación de libertad en un lugar distinto de una cárcel en atención al interés superior del niño, que es lo que se pretende proteger con esta legislación”, afirmó.

Sobre los argumentos que entregan sustento a la proposición legislativa, Villena, mencionó que “adquirir conciencia que la privación de libertad no es la única manera en que se puede aplicar una pena. Una pena tiene que cumplir, no sólo fines de retribución o de castigo, sino que también de prevención, de resocialización, de respeto a la dignidad. Desde ese punto de vista, nos parece un buen proyecto de ley”.

Iniciativa

Existe actualmente una iniciativa de Gobierno que se preocupa de la situación de niños con madres privadas de libertad, el seremi de Desarrollo Social y Familia de Biobío, Hedson Díaz, detalló que “el programa se llama Abriendo Caminos y trabaja con niños que tienen un adulto referente privado de libertad y en ese contexto tenemos ejecución en las tres provincias de la Región”.

Esta iniciativa ejecuta un trabajo psicosocial en los propios domicilios de las personas que cuidan a los hijos de las personas que están privadas de libertad. “Anteriormente estaba en la Subsecretaría de Servicios Sociales, hoy está en la Subsecretaría de la Niñez y no solamente trabajando con las personas que están condenadas, también con las imputadas privadas de libertad”, detalló el seremi de Desarrollo Social del Biobío.

En cuanto a la situación actual de hijos de mujeres recluidas, Hedson Díaz indicó que “los niños no eligen estar ahí y nosotros como Estado tenemos que brindarles las condiciones para que estén bien. Las mujeres que deciden estar con sus hijos tienen que recibir las condiciones necesarias con una cama adecuada, ropa adecuada y las condiciones de calefacción”.

Interés superior del niño

“En los casos de mujeres con hijos que están cumpliendo medidas cautelares también pueden tener algún grado de flexibilidad en el cumplimiento fuera del recinto”, describió.

La Corporación Catim, ejecuta el programa Abriendo Caminos, su coordinador en la Provincia de Concepción, Eduardo Villanueva, comentó que “se pueden realizar encuentros entre las mujeres privadas de libertad y sus hijos o hijas, es necesario fortalecer nuestras alianzas con Gendarmería para garantizar que estos encuentros se lleven a cabo de manera protegida y efectiva”.

Esta corporación está trabajando en una reestructuración para mejorar y facilitar un acercamiento seguro entre las mujeres en contexto de encierro con sus hijos, a través de Gendarmería. “Reconocemos la importancia fundamental de estos encuentros para el bienestar emocional y el desarrollo de los niños, y estamos comprometidos en hacer todo lo posible para apoyar a estas familias de manera integral”, estableció Villanueva.

Sobre la Ley Sayén, el coordinador de Abriendo Caminos señaló que “no tiene la intención de anular una condena, pero es crucial discutirla para velar por la salud y el desarrollo de los niños. Es fundamental reconocer que el interés superior de los niños debe estar por encima de cualquier consideración punitiva hacia la madre”.

Desde la Corporación Catim, transmitieron que existe, según datos de Gendarmería, a febrero de 2024 en Chile más de 4.100 mujeres en prisión, representando el 7.8% de la población carcelaria total. “La mayoría de estas mujeres son madres, con un estimado del 90% teniendo hijos menores, en la Región del Biobío hay 220 mujeres privadas de libertad”, aportaron.

La ausencia de uno o ambos padres debido a la privación de libertad, no sólo trae consigo la carga emocional de la separación y el estigma social, sino que también impacta de manera directa en la dinámica familiar. “Muchos de estos se ven forzados a dejar de lado su niñez o adolescencia para asumir roles de adultos prematuramente, lo que puede tener consecuencias devastadoras en su desarrollo físico, emocional y psicológico”, argumentan desde la Corporación Catim.

En ese contexto, el relato de uno de los niños que participan del programa Abriendo Caminos (Catim) da cuenta de una cruda realidad, que según lo descrito evidencia una segunda condena que viven niños, niñas y adolescentes, producto de tener a sus adultos significativos, especialmente sus madres, privados de libertad. “Yo tengo una memoria súper mala. A mí se me hizo un borrado de memoria. Muchos me dicen que es por las cosas que he pasado en la vida. La mayoría de las cosas que sé de mi mami me las han contado, pero ni siquiera sé si es así. Ya se me olvidó su cara”, indicó Kevin de 10 años.

Derechos Humanos

El Subsecretario de Derechos Humanos Bueno, Javier Altamirano, destacó la importancia de la tramitación de la Ley Sayen y estableció que “es una respuesta adecuada a la necesidad de garantizar que el interés superior del niño se exprese en las cárceles. Es decir, que aquellas personas, mujeres detenidas, privadas de libertad puedan estar acompañando a su hijo en un momento esencial de su desarrollo, que es entre cero y dos años”.

“Creo que todos compartimos que esa persona, ese pequeño ser, tenga la presencia de su madre para tener un desarrollo adecuado”, indicó y en cuanto a la complejidad para avanzar en términos legislativos es que se necesita ponerla como prioridad en el calendario.

“Las prioridades no solo se expresan en cuñas, sino que se expresan en que nos pongamos de acuerdo que es lo importante para nuestros niños y niñas, por tanto, que pongamos en agenda en primer lugar”, afirmó el subsecretario Altamirano.

En cuanto a la necesidad de que los niños que asisten de visita a las cárceles, es decir son mayores de 3 años, según Gendarmería son recibidos igual que un adulto y hasta el momento no se otorga un trato especial por tratarse de infantes. “Hay mucho por hacer y eso tiene que ver con las condiciones de visita, que tiene muchas veces con requerimientos de infraestructura”, aseguró Javier Altamirano.

“Un buen ejercicio será con un piloto en la Región de Tarapacá en la zona fronteriza de Colchane, donde lo que se quiere es resguardar que las condiciones sean precisamente de garantía para los niños (…) que, en el proceso de reunificación, además, en forma telemática sus abogados puedan participar en la audiencia y resolver más rápidamente los casos. Espero eso que pueda permear el sistema, ya que para eso son los pilotos”, describió el subsecretario de Derechos Humanos.