Según información entregada por la Subsecretaría de Educación Superior, 68.766 estudiantes perdieron la gratuidad por atrasarse en sus mallas curriculares, correspondiendo a un 8,7 por ciento del total de aquellos que han accedido al financiamiento.

Lo anterior se debe a que uno de los requisitos para mantenerse en el programa, es que los estudiantes que accedan no se retrasen con sus materias. En caso de que ocurra lo contrario, el valor de la carrera debe ser financiado por el estudiante. Sin embargo, en esos casos la ley ordena a las instituciones a cobrar el 50 por ciento máximo de los aranceles. 

En la actualidad, aproximadamente 430.305 jóvenes mantienen la gratuidad, de los cuales 112.364 cursan su primer año y 317.941 los años superiores.

En relación con el año pasado, 22.711 jóvenes perdieron la cobertura de un total de 401 mil, correspondiendo a un 5 por ciento, según las cifras entregadas por las autoridades.

Hasta la fecha, y tras cinco años desde la implementación del programa de gratuidad, un total de 789.133 estudiantes accedieron al beneficio, de los cuales 430.562 (54,5%) asisten a la universidad, 206.806 (26,2%) a institutos profesionales y 151.765 (19,2%) a centros de formación técnica.

El subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, explicó que esta política "ha permitido a 789 mil jóvenes cursar sus estudios de educación superior sin pagar arancel ni matrícula", y aseguró que esta cifra evidencia que "solo el 8,7 por ciento de los alumnos que ha obtenido el beneficio de gratuidad ha excedido la duración nominal de sus carreras, lo que muestra que para la gran mayoría no ha sido necesario contar con financiamiento extra para terminar sus estudios".

Rectores sobre gratuidad

Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, institución en la que cerca de un 25 por ciento de los estudiantes cuentan con gratuidad, expuso que esta política "ha significado un alivio importante para muchas familias que anteriormente tenían becas, préstamos o créditos". Sin embargo, la autoridad advirtió que "los años de acreditación no siempre muestran la diferencia de calidad en las instituciones".

El rector de la Universidad Católica de Temuco, Aliro Bórquez, concuerda con su par Ignacio Sánchez, y señaló que esta política partió con una ley que dificulta a los alumnos y a las universidades, debido al límite de años que dura la gratuidad y por la recarga económica de quienes se atrasen, respectivamente. "Una buena solución es poder avanzar al 'N+1' que es sumarle un año más a los plazos nominales de cada carrera", sugiere.

En tanto, Osvaldo Corrales, rector de la Universidad de Valparaíso, también está de acuerdo con la importancia de la gratuidad, pero aclaró que la duración del beneficio en relación con la de las carreras "ha traído dificultades para las instituciones, que pasan a co-financiar la gratuidad", debido al pago de la mitad del arancel que por ley deben costear las universidades en estos casos.

La investigadora del Centro de Estudios Públicos y ex asesora del Mineduc, Sylvia Eyzaguirre, explicó que para realizar una evaluación desde la implementación de esta política no solo se debe "evaluar los beneficios monetarios a los estudiantes, sino que el impacto que tiene en las instituciones y la calidad de la educación que entregan". Lo anterior debido a que "algunas instituciones arrastran déficit. Otras simplemente han tenido que echar a destajo a su personal", generando un desgaste en los profesores que van quedando, lo que provoca que "en general la calidad de clase disminuye en la medida que tienes que hacer más cursos".

El año 2017 fue cuando más personas accedieron al recurso, con 148.040 beneficiados, en comparación con el 2020 que tuvo un nivel menor, con 113.929 adscritos.

Al 2021, 60 instituciones están adscritas a la gratuidad de un total de 203; este número crecería el próximo año con tres los nuevos centros de formación técnica estatales en las regiones de O'Higgins, Biobío y Aysén, además de IP Chile, IP y Universidad Santo Tomás.