Ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la Fiscalía Regional de Magallanes formalizó este martes, por lavado de activos y malversación de caudales públicos, a 15 familiares de los uniformados involucrados en el caso de fraude en Carabineros, también conocido como "Pacogate".

La fiscal Karina Guajardo argumentó ante el tribunal que los imputados operaron "con el objetivo de introducir en el sistema económico financiero las ganancias ilícitamente obtenidas y/o dificultar la trazabilidad del origen de sus incrementos patrimoniales, generados a partir de la comisión del delito de malversación de caudales públicos perpetrados por la organización criminal" que montaron sus parientes.

"A juicio del Ministerio Público, los hechos antes señalados son constitutivos de los delitos de malversación de caudales públicos en grado de consumados, y delito de lavado de activos, que se encuentra (también) en grado de consumado", indicó Guajardo.

DEFENSA NEGÓ "DISFRAZ" DE LO DEFRAUDADO Y PLANTEÓ ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

La Fiscalía solicitó las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre los acusados, peticiones que fueron aceptadas por el tribunal, pese a la oposición de uno de los abogados defensores, Washington Fernández.

El profesional planteó que, en la exposición de la Fiscalía, "no se ha descrito ninguna maniobra de ocultamiento, de disfraz, de cambio de apariencia de aquel dinero obtenido de una malversación, sino más bien una mera circulación que genera aumentos de patrimonio injustificados, y eso no es malversación".

"Desde esa perspectiva, su señoría, entiende este defensor que no hay méritos suficientes, salvo la sospecha, para levantar la imputación como título de imputación penal, y ello hace decaer las medidas cautelares, particularmente el arraigo nacional", señaló Fernández, cuyo alegato -como se dijo- no fue exitoso.