Luego de siete años de tramitación, el Congreso Nacional despachó en estos días la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que institucionaliza medidas para responder a problemáticas del presente y delinear una "hoja de ruta" para el futuro.

Pese a esta aprobación del Congreso, un grupo de diputados de la UDI, RN, Republicanos, el PDG y el Partido Social Cristiano ingresaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para poder impugnar esta ley.

Los parlamentarios cuestionaron el concepto de educación sexual que está presente en la normativa, asegurando que atenta contra la libertad de enseñanza que tienen los padres.

La situación ha generado molestía en el oficialismo, que acusa que este tipo de posturas es parte de los riesgos del avance de la ultraderecha; mientras que desde el Gobierno anunciaron que buscarán todos los medios posibles para poder defender esta ley ante el Tribunal Constitucional.

"Como este recurso fue ingresado entre gallos y medianoche, previo al 8 de marzo, aún no hemos tenido el acceso al detalle. No está disponible todavía en el sistema del Tribunal Constitucional, pero en ese sentido todo se ciñe al proceso habitual, tenemos unos diez días para revisarlo, y por supuesto que ya hemos recibido -en este corto ratito desde que se conoció la noticia- muchas ofertas de amicus curiae por parte de destacadas abogadas", detalló la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

A esto sumó también "el respaldo de organizaciones para poder defender esta ley tan transversal y trascendental".