"Vamos a tener en marcha la tecnología para bloquear la señal de celulares en las cárceles, y así impedir que se sigan coordinando delitos desde la prisión". Eso señaló el 28 de noviembre del año pasado el Presidente Gabriel Boric.

Y el plazo llegó. Es así como ya este 19 de marzo entrará en vigencia el nuevo sistema inhibidor de señales en recintos penitenciarios.

Una medida que llega justo en medio de la polémica por la autorización dada por el juez Daniel Urrutia para que un grupo de reclusos de alta peligrosidad accedan a videollamadas. Desde Gendarmería detallan que tendrá cobertura para las unidades penales ubicadas en el sector de avenida Pedro Montt y Nueva Centenario, ambas en la Región Metropolitana.

Estas totalizan una población penal de 10.000 personas, lo que es alrededor del 20 por ciento del total país. Esto es Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, Centro de Detención Preventiva Santiago I y el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad.

"Adicionalmente, se encuentra en proceso la elaboración de bases técnicas y administrativas para la contratación de un servicio integral de telefonía para otros nueve establecimientos penitenciarios en distintas regiones, el cual contempla bloqueo de telefonía celular y acceso a telefonía pública para personas privadas de libertad, alcanzando alrededor del 50 por ciento de la población penal a nivel país", agregan desde la entidad.

Asimismo, el inhibidor identificará cada aparato en el radio determinado y bloquea de manera selectiva. Esta es una diferencia con el anterior sistema, el Jammer, que establecía el bloqueo total del área. Incluso llegando a vecinos de los recintos penales. Ahora el sistema establecerá un perímetro específico, que será de los reclusos, no afectando a los funcionarios del área administrativa de Gendarmería ni a los residentes cercanos.

"Como lo ha anunciado el Gobierno en varias oportunidades, por distintos tipos de razones, en el pasado se han implementado distintas figuras de inhibición, incluyendo en cárceles concesionadas que no han dado los resultados que se esperaban.

Por efectos tecnológicos, expansión, afectación de la comunidad. Durante este periodo se han realizado las licitaciones para generar mecanismos de inhibición más acotadas, de hecho se están desarrollando ya, ya se adjudicaron licitaciones y en eso se encuentra en marcha la implementación", apuntó el ministro de Justicia, Luis Cordero.

Por su parte, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, explicó que "solo para bloquear la telefonía celular en el sector de Pedro Montt el Estado de Chile va a gastar más de 3.000 millones de pesos en el año.

Tenemos 81 establecimientos penales a lo largo del país, lo que implicaría, si quisiéramos llegar a la totalidad, una inversión aproximada de más de 200 millones de pesos. El presupuesto de Gendarmería para su funcionamiento total es de 600.000 millones de pesos.

Es decir, una tecnología de este tipo en todos los establecimientos penales sería un tercio del presupuesto de Gendarmería, lo que obviamente excede las capacidades que tenemos como Estado para financiarlo. Por lo mismo hemos identificado 15 establecimientos que son los prioritarios, y esperamos concretarlo entre 2024 y 2025".