El Ministerio de Transportes retiró desde la Contraloría General de la República el reglamento de la llamada "ley Uber", que busca regular a las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros, documento que fue ingresado a la plataforma del órgano contralor el 5 de enero para su revisión y eventual toma de razón.

"El retiro señalado se solicita atendido que se estima necesario revisar el contenido del acto administrativo previamente referido", sostiene el oficio presentado a ese ente para hacer efectiva la acción, trámite realizado este martes por la jefa de la división legal de la Subsecretaria de Transportes, Dennise Ramírez.

El mismo medio consultó a la cartera sobre el retiro, la cual replicó que "como parte del procedimiento de trámite de cualquier reglamento para su toma de razón, Contraloría realiza un análisis de forma y fondo de dichos documentos, sobre los cuales levanta observaciones y comentarios que el servicio respectivo debe analizar y evaluar", explicando que lo reingresarán con el fin de responder a tales indicaciones de la mejor forma posible.

Sin embargo, tales consultas -sostiene el diario- aluden al contenido del reglamento más que a la forma y el fondo; específicamente, buscan conseguir un panorama completo de la industria de las plataformas y sus nuevas tecnologías.

Transportes de todos modos aseveró que el retiro es una "acción regular, y que ya se ha aplicado para otras normativas".

GREMIO LLAMÓ A "REANUDAR EL DIÁLOGO"

Desde Alianza In, gremio que reúne a plataformas como Uber, Didi y Cabify, dicen esperar que "el retiro del reglamento nos dé una oportunidad para reanudar el diálogo entre todas las partes, y buscar mejoras en los puntos que podrían afectar la movilidad de nuestros usuarios".

En ese sentido, el grupo de aplicaciones, que han sido críticas del documento desde su presentación a principios de año, ahora se declara "a total disposición para trabajar en conjunto y contribuir en este proceso".

En su momento, Alianza In acusó que "el reglamento incurre en vicios esenciales, que afectan de manera grave el funcionamiento de las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT) en nuestro país, pero además, y de manera más dramática, vulneran los derechos y garantías fundamentales de los conductores y de los pasajeros que utilizan aplicaciones de transporte".