106 inspecciones ejecutó la SEREMI de Salud del Biobío, de enero a mayo de 2024, para verificar el cumplimiento de las normativas asociadas a distintos protocolos de salud ocupacional, proceso que ha dado origen a 45 sumarios para investigar las causas de los incumplimientos y establecer sanciones y/o medidas de corrección.

Es importante indicar que los sumarios corresponden a investigaciones que puedan finalizar en absolución, amonestación, multas de 0,1 a 1.000 UTM (dependiendo de la gravedad de la falta), prohibición temporal de funcionamiento o clausura.

Respecto a los procesos de vigilancia, se han desarrollado 09 inspecciones por ruido laboral, que dieron origen a 4 sumarios; 3 en el marco del programa de erradicación de la silicosis (sin evidenciarse incumplimientos); 5 en materia de trastorno músculo esquelético de extremidad superior, que dio inicio a 4 sumarios; 44 para evaluar riesgos psicosociales en el trabajo, con 18 sumarios; 3 para medir riesgo por exposición a plaguicidas, que culminó con el inicio de 2 sumarios; además de otras 42 inspecciones para fiscalizar condiciones generales de seguridad (D.S. 594/99), donde se iniciaron 17 sumarios.

Fiscalizaciones y Sumarios Protocolos Salud Ocupacional

Enero a mayo 2024

Durante el año 2023 se desarrolló un total de 238 fiscalizaciones con 151 sumarios.

“El número de sumarios dice relación no solo con la falta de cumplimiento de las normativas de salud ocupacional, sino también con la automatización digital de los procedimientos, en base a la estrategia de modernización que se inició en la región el año 2015. Desde esa fecha, todas las fiscalizaciones se realizan en línea, lo que permite ahorro de tiempos administrativos, disminución de errores y transparentar en forma inmediata el contenido de las inspecciones a la empresa o institución que es sujeto de la inspección”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra Jofré. 

Descripción del trabajo por Protocolo

En el ámbito psicosocial el trabajo de la autoridad sanitaria se orienta principalmente a realizar seguimiento a los riesgos psicosociales en el trabajo, el que es obligatorio desde octubre de 2015 para todas las empresas, y donde los empleadores deben notificar a su organismo administrador de la Ley y ellas a la autoridad sanitaria y a la Superintendencia de Seguridad Social para evaluar casos de estrés y otras patologías para generar la vigilancia epidemiológica respectiva.

En materia de sílice, existe el Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis 2009-2030, que nace como una iniciativa que tiene como objetivo contribuir a terminar con esta enfermedad laboral en el país, y se enmarca dentro del Programa Global para la Erradicación de la Silicosis en el mundo (OMS-OIT).

En materia de plaguicidas, se fiscaliza que todo plaguicida cuente con registro sanitario de comercialización y autorización para la aplicación, debido a su potencial de generar daño genético. Se fiscaliza la empresa que aplica y los predios donde se usan, realizándose vigilancia a los trabajadores que emplean los productos; verificando el control biológico de los trabajadores, y el cumplimiento de la normativa general. 

El objetivo del protocolo de vigilancia de la pérdida auditiva por exposición al ruido (PREXOR) en los lugares de trabajo, es disminuir la incidencia y prevalencia de hipoacusia de origen ocupacional, estableciendo criterios comunes, líneas de acción y recomendaciones para el manejo integral del trabajador expuesto ocupacionalmente a ruido; definiendo en paralelo etapas y acciones complementarias de vigilancia ambiental y a la salud que controlen la exposición y eviten el daño y su progresión.

Adicionalmente, la Seremi de Salud, vigila el trastorno músculo esquelético de extremidad superior.

“Entre los desafíos de la Autoridad Sanitaria en materia de salud ocupacional destacan fortalecer las campañas de difusión de acciones preventivas y derechos laborales; coordinar y realizar acciones destinadas a identificar el trabajo informal de grupos de trabajadores vulnerables de la región; y realizar las acciones de fiscalización de acuerdo con criterios de riesgo, por rubros y por ocurrencia de eventos”, agregó el Seremi.