El Estado tiene una deuda con la industria eléctrica, provocada por el congelamiento de tarifas iniciado desde el estallido. Ahora que empezó su regularización, han surgido cargos asociados.

El más reciente se conoce desde ayer e implicaría un incremento cuyo alcance podría llegar hasta un 10% de alza mensual en la boleta, lo que se suma al conocido "tarifazo" que inició en julio y que hará que las cuentas de la luz suban casi 60% para algunos clientes residenciales.

Entre medio, la inflación de junio reflejó que hubo en ese mes el inicio de un cargo distinto, vinculado al cobre de las distribuidoras.

Ese ítem corresponde al Valor Agregado de Distribución (VAD). Se asocia al decreto que define las tarifas de distribución. Entró en vigencia en junio y tiene una duración de 48 meses (2020-2024).

Así, hay 42 meses acumulados en que todos los usuarios les deben a las distribuidoras. Todo lo que no se pagó se debe reliquidar. Según cifras presentadas ante parlamentarios de la mesa técnica por el académico Humberto Verdejo, se trata de unos US$600 millones.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) debe definir el mecanismo para realizar ese cobro.