En un documento firmado por la contralora general de la República (s), Dorothy Pérez, la Contraloría General entregó a los municipios instrucciones en relación con eventos culturales y de esparcimiento organizados por los gobiernos comunales. Esto se conoce a dos meses de las Fiestas Patrias y a tres meses de las Elecciones Municipales.

En esa línea, los municipios de la Región del Biobío destacaron la entrega de las indicaciones, en la búsqueda de consolidar un uso eficiente de los recursos públicos y una mayor probidad.

Una arista relevante, es que el documento explicita que no pueden usarse dineros del Estado en actividades en que se vulneren garantías constitucionales o se promuevan actividades ilícitas, como el porte o uso ilegal de armas, el tráfico de drogas y la pornografía infantil.

En detalle, uno de los puntos que trata el instructivo, la Contraloría establece que “se deduce que los eventos de que se trata se encuentran contemplados entre las funciones que le competen al municipio, y en su ejecución pueden ser utilizados bienes municipales y nacionales de uso público, pero siempre que su uso no entorpezca la marcha normal de las entidades edilicias o signifiquen un menoscabo de la afectación principal de aquellos; y, solo en la medida que se enmarquen en los fines del municipio o, excepcionalmente, en casos calificados, en otros fines de interés general”.

En materia de difusión y publicidad, el documento señala que el rol de las entidades edilicias está condicionado a que con ello se cumplan tareas propiamente municipales, de manera que pueden utilizar los diversos medios de comunicación sólo para “dar a conocer a la colectividad los hechos o acciones directamente relacionados con el cumplimiento de los fines y con su quehacer propio, como la realización de actividades culturales, artísticas, deportivas u otras, que resulte necesario e imprescindible difundir”.

Otro de los aspectos que detalla el instructivo entregado a las comunas es que “no resulta procedente que se incorpore la imagen de la autoridad edilicia como una práctica asociada a la difusión de las actividades municipales, toda vez que ello implica una infracción a las normas relativas al empleo de recursos del organismo en beneficio personal o para fines ajenos a los institucionales, generándose responsabilidad civil para esa autoridad”.

En línea con lo anterior, si se trata de eventos que no se encuentran jurídicamente justificados, no resulta admisible el gasto en publicidad y difusión.

Algo que va en línea con el proceso electoral de este año, y sus correspondientes campañas, es que se establece que los funcionarios públicos se encuentran impedidos de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración del Estado o usar su autoridad, cargo o bienes de la municipalidad para fines ajenos a sus funciones.

Contenido de los eventos

Gran parte del documento entregado por la Contraloría General de la República está enfocado en el contenido de los eventos masivos organizado por los gobiernos comunales y puntualiza que se “impone a todo aquel que desempeña una función pública la obligación de abstenerse de promover mensajes que inciten al odio u hostilidad hacia otras personas, ya sea dentro o fuera de su jornada de trabajo.

Y es que las municipalidades deberán adoptar todas las medidas necesarias para que las presentaciones y espectáculos incluidos en ellos no promuevan mensajes que “inciten al odio u hostilidad hacia personas en razón de su sexo, religión, nacionalidad, orientación sexual y discapacidad, entre otros”.

Del mismo modo, las autoridades y funcionarios, según lo dispuesto por Contraloría, deben implementar las acciones idóneas para precaver y evitar que en dichas actividades culturales o de esparcimiento, especialmente aquellas financiadas con recursos públicos, se incluya o permita el fomento o promoción de mensajes contrarios a las garantías previstas en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile.

“Especialmente aquellos mensajes que inciten a atentar contra la vida o la integridad física; que afecten la dignidad de las personas; que vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes -como ocurre, por ejemplo, con la pornografía infantil-; que incentiven, promuevan o publiciten actividades calificadas como infracciones o delitos por nuestra legislación -tales como el tráfico de drogas, el porte o uso ilegal de armas, la asociación ilícita o la trata de personas-; u otras actividades que pudieren afectar el orden público, los bienes públicos y la seguridad interior y exterior de la Nación”, consigna el documento oficial.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío (Amrbb) y Alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, frente al instructivo enviado, comentó que el instructivo es parte de las nuevas disposiciones que se dan luego de todos los casos dados a conocer y que son materia de investigación actualmente.

“Ahora en específico a lo entregado por Contraloría a los municipios, nos parece bien, porque además de ayudar una mayor probidad en la gestión municipal, el evitar que se promuevan mensajes que inciten al odio u hostilidad hacia las personas por su sexo, religión, nacionalidad, orientación sexual y discapacidad, entre tantas discriminaciones, nos lleva a una sociedad más justa y equitativa, por tanto, como asociación, lo valoramos profundamente”, dijo Ortiz.

Asimismo, el jefe edilicio agregó que “este documento, además lleva a que los funcionarios y autoridades deberán estar más atentos en precaver y evitar que, en actos que se sostengan con fondos públicos se den situaciones que atenten contra las garantía previstas en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile, como, por ejemplo, actos que atenten contra la vida o integridad de una persona, entre otras especificaciones, lo que nos parece aún más valorable”.

Henry Campos, alcalde de Talcahuano, también se refirió al documento y aseguró que “esto no va a alterar la contratación de artistas para los futuros eventos de Talcahuano, porque nosotros siempre nos hemos enfocado a generar eventos para la familia. Creemos que es importante que la familia tiene que estar en la calle, tiene que salir a la calle, tienen que tomarse los espacios públicos. Por eso nuestros eventos siempre son familiares”.

En la misma línea, Campos enfatizó que erradicar la narcocultura de eventos públicos es clave, por lo cual señaló que el documento de Contraloría “ es consecuente con la acción que tiene que hacer el Estado de resguardar la seguridad y de evitar que estemos haciendo propaganda a grupos que hoy lo que hacen es aumentar la cultura narco y hacerla popular. Creo que hay muchos grupos de música y hay muchos espectáculos que promueven la drogadicción”.