Por Hugo Ramos Lagos

Tras las múltiples mociones —que se discuten en el Congreso— para modificar con fuerza de ley las herramientas de control presupuestario y vigilancia de salida de capitales fiscales hacia organizaciones particulares, varios Cores del del Biobío manifestaron su apoyo hacia estas.

Vale recordar que recientemente Diario Concepción abordó las visiones dentro del Congreso sobre aquellas posibles modificaciones, tales como la reforma al Artículo 115 de la Constitución, propuesta por la diputada María Candelaria Acevedo (PC), o el ingreso de proyectos para engrosar el marco legal de la Ley 19.175, referente gobierno y administración regional.

Sin embargo, no ajena la Región del Biobío —con Rodrigo Díaz al mando— a los polémicos convenios, distintos consejeros explicaron los problemas que existen a diario en la discusión presupuestaria local.

Situación de los Cores

Desde que se creó la ley para la elección de los consejeros regionales, la entrega de facultades fiscalizadoras al Consejo Regional quedó parcialmente pausada, aseguró el consejero Gabriel Torres (RN), en relación a que para él falta personal asesor-profesional para la toma de decisiones de los miembros del Core.

“No tenemos periodistas, no tenemos constructores civiles o ingenieros para poder tener un mejor asesoramiento, y no tenemos abogados para consultar el ámbito jurídico de algunos procesos. Entonces, la verdad es que se creó la ley, pero nunca más se volvió a tocar el tema para entregar mayores facultades en el ámbito de una mejor función”, detalló.

Respecto a la discusión de las tablas regionales, realizó una autocrítica, e indicó la existencia de sesgo político. En concordancia aseveró que “durante el pasado periodo en el Biobío hubo exceso de consejeros a favor de cualquier cosa que presentara el gobernador regional”.

“Se entrega y se exige poca información, es más, muchas veces se les pide (a los consejeros) que voten, y después les entregan la información. Yo me he abstenido o llanamente rechazado, pero somos pocos, el resto mayoritariamente vota a favor de lo que dice el Ejecutivo. Hay omisión de información”, afirmó.

Otra consejera que explicó esta falta de un marco de acción sólido fue Perla Araya (PS), quien señaló que al asumir supuso que habría “mayor acceso a los detalles de los proyectos por los cuales votamos, pero en realidad no. Por ejemplo, no tenemos acceso al Banco Integrado de Proyectos, tenemos acceso solo cuando el Ejecutivo nos muestra de qué se tratan”.

Sin embargo, la consejera comentó que “a raíz de todo lo que sucedió (en el Caso Convenios) se llegó al acuerdo de que todo pase por el Consejo, hasta las cosas que no deberían”.

“Si queremos saber más tenemos que pedirlo por la Ley 20.285, de transparencia. Entonces esperar el tiempo que requiere pedirlo por transparencia no se condice con la rapidez con la que tenemos que evaluar”, añadió. Situación que también analizó el consejero independiente, Piero Blas, quien calificó que se deben “reducir los tiempos de espera en la Ley de Transparencia cuando un Core solicita información a través del portal respectivo”.

“Actualmente los plazos (de espera) para un consejero regional son exactamente los mismos que los un ciudadano corriente, por lo que se genera una contradicción y se tiende a esperar que estos plazos caduquen, que se solicite una prórroga, y que, posterior a ello incluso no respondan de manera completa”, concluyó.

Críticas al Gobierno Regional

Más allá de analizar el proyecto, el sentir de los consejeros también apunta a ciertas actitudes dentro del Gobierno Regional, en ese sentido, la consejera regional por la Provincia de Concepción, Camila Arriagada (PI), aseguró que la incapacidad procedimental del Ejecutivo “no es solo una percepción luego de los reiterados pronunciamientos de la Contraloría. Y mientras, como consejeros estamos en deuda con el funcionamiento interno, que no se hace cargo de la necesidad de un mayor análisis de la información (…), y se argumenta siempre la buena fe”.

“Hasta el día de hoy, ni el Consejo Regional ni la ciudadanía conocen todas las iniciativas que se postulan o ingresan, lo que hemos denominado la ‘carpeta oculta’. Esa falta de transparencia impide conocer lo que no se está financiando, por lo que estamos a ciegas y dependemos del criterio del gobernador, el cual hoy está cuestionado”, agregó.

Del mismo Partido Igualdad, el consejero Javier Sandoval fue contundente con que no solo se requieren mayores atribuciones, sino también mayor responsabilidad en usar las existentes “¿Por qué no se ha requerido —con 10 firmas— al tribunal electoral, la destitución del gobernador (Rodrigo Díaz) por su responsabilidad administrativa y política en el Caso Convenios? Para que éste evalúe o no la salida de su cargo. Se han destituido otras autoridades por mucho menos”.

Políticas de descentralización

Hoy en día, para algunos la falta de mecanismos para vigilar internamente el financiamiento de ciertos proyectos es una señal de falta de compromiso con la descentralización.

Según el consejero republicano, Luis Santibáñez, es “muy pertinente que se desarrollen iniciativas legislativas para cumplir con la agenda de descentralización que impulsó el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, y que se detuvo durante la administración del presidente Gabriel Boric. Me refiero a las políticas como la transferencia al Gore de algunos servicios que tienen fuerte vinculación con la regionalización, entre ellos el INDAP, el FOSIS, CORFO, o la Red de Fomento Productiva del Estado”.

“Hoy en día, de cada $10 que invierte el Estado en la región, no más de $5 son materia de vinculación directa. Y de cada $10, menos de 0.7 son los que se invierten directamente desde el Gobierno Regional. Es decir, los servicios públicos, los ministerios tienen todo el control económico que asigna la redacción del presupuesto nacional. Y el Gobierno Regional maneja una cifra muy ínfima para abordar tareas esenciales con las 33 comunas de la región”, finalizó.