Para sacar adelante la agenda legislativa en materia de seguridad, el Gobierno se reunió con las mesas del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados en el Palacio de La Moneda.

De este modo, ambos poderes del Estado concordaron priorizar una agenda de 32 proyectos de ley.

Diez de las iniciativas tendrán prioridad absoluta y dos serán despachadas en junio próximo: el que crea el Ministerio de Seguridad y el que busca reducir las tasas de reincidencia.

Además, ocho proyectos serán despachados en septiembre: el que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado, el que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, el que regula el uso de la fuerza (RUF) para el personal de orden y seguridad pública, el que refuerza las labores del municipio en seguridad y prevención del delito, el que crea la Defensoría de las Víctimas, el que fortalece el Ministerio Público, el que moderniza normas sobre violencia en los estadios y el que amplía el plazo de flagrancia para perseguir delitos.

Las restantes 22 iniciativas serán despachadas en un plazo de un año, divididas en tres tramos cronológicos: a diciembre de 2024, a marzo de 2025 y a mayo del próximo año. En este último grupo están la nueva Ley Antiterrorista, el que establece los criterios para la determinación de la infraestructura crítica, el que limita los funerales narco o de alto riesgo y el que crea la Fiscalía Supraterritorial.

"Van a ser priorizados con plazos explícitos de despacho del Parlamento, con participación del Ejecutivo a través de urgencias e indicaciones, y por cierto, nuestra gestión política a través del Ministerio de Segpres, y los demás ministerios: Interior, Justicia, Defensa y Deportes, que también está involucrado en alguno de estos proyectos", resumió la titular de Interior, Carolina Tohá.

LA POSTURA DE LAS MESAS

Terminado el encuentro con el Gobierno en el cual se logró este consenso, el presidente del Senado, José García Ruminot (RN), aseveró que "los órganos colegisladores debemos tener la capacidad de responder a ese clamor de la ciudadanía, de que entreguemos al Estado mayores capacidades para hacer frente a la delincuencia, al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado".

Por su parte, la líder de la Cámara Baja, Karol Cariola (PC), matizó que como directiva, "no podemos comprometer la votación de cada una de las bancadas, ni de los parlamentarios en particular; cada uno tiene el derecho por sí mismo de expresar su posición en cada uno de los proyectos de ley que aquí están concordados".