Un informe del Poder Judicial advirtió sobre el hacinamiento en casi el 40 por ciento de los hogares de menores con administración directa del Estado, y advirtió de la "crítica situación" en que se atiende a un número significativo de niños, niñas y adolescentes. 

Se trata del "Informe Nacional de Visitas a los Centros Residenciales del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia", que abarcó el segundo semestre del 2023, cuando se fiscalizaron 275 de 290 instituciones, contemplando aquellas de administración directa, colaboradoras, albergues, comunidades terapéuticas, hospitales y centros de detención administrados por Gendarmería. 

En el documento, se sostiene que "cerca del 37% de las residencias con administración del Estado se encuentran sobrepobladas", pero si a esta cifra se suman las residencias que se encuentran con su capacidad total ocupada, "el porcentaje se aproxima al 57%".

Lo anterior, "pone en antecedente la crítica situación en la que se está atendiendo a un número significativo de niños, niñas y adolescentes y de las posibles consecuencias a las que se ven expuestos, en términos físicos y emocionales, producto de la convivencia en hacinamiento".

Esta sobrepoblación tiene consecuencias, de acuerdo al informe, ya que "habría una distorsión en el objetivo general que tienen estos centros, teniendo presente que se trata de centros llamados al cuidado y protección, esta distorsión no contribuiría favorablemente a la restitución de derechos a los niños, niñas y adolescentes derivados, cuestión observada ampliamente en estas visitas".

Las jurisdicciones con mayor porcentaje de sobrepoblación se encuentran en Punta Arenas (50%), La Serena (79%), Iquique (80%) y Arica (83%).

En esta línea, el documento añade que 597 menores de edad "se encuentran en total abandono, sin un adulto de la familia nuclear o extensa que tenga presencia en su vida y pueda generar vinculación, para lograr el egreso".

Por otro lado, el Poder Judicial observó una constante "ausencia de coordinación entre el servicio de protección y la red de salud para la atención prioritaria de los niños, niñas y adolescentes", en particular, se percibió la "situación crítica referida a la salud mental de los residentes" . 

Así como también se señaló que al menos 559 niños y jóvenes presentan consumo de drogas. 

"Muchos de los niños, niñas y adolescentes ingresados a residencias son expuestos física, psicológica y emocionalmente a una victimización y nuevos focos de vulneración, advirtiéndose la ausencia de planes de intervención", cerró. 

MARÍA AYUDA CON 189% DE SOBRECUPO

El director ejecutivo de María Ayuda, Ignacio Concha, detalló al medio antes citado que "las residencias de la fundación están con un 189% de sobrecupos, con casas diseñadas para atender entre 12 y 18 niñas donde actualmente recibimos a más de 30". 

Sobre el análisis del Poder Judicial, Concha indicó que "conforma una realidad en materia de sobrepoblación que vivimos muchas residencias de cuidado alternativo y que se produce, entre otras cosas, por las trabas y desincentivos que se generan para licitar nuevas residencias desde el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (SPE). Esto produce un desinterés en los organismos para presentarse a estos procesos y continuar en un sistema cada vez más complejo".