El spot publicitario del Gobierno sobre la reforma previsional sigue generando revuelo. Tras diversas críticas por parte de la oposición, este viernes los diputados de RN, Frank Sauerbaum y Eduardo Durán, enviaron un oficio a la Contraloría General de la República solicitando una auditoría especial a los contratos del Estado con la empresa Audiovisual Fernández Ferreira y Medel Limitada, "Merced", asegurando que su objetivo es la preocupación sobre el uso de los recursos públicos.

Así, la motivación de esta solicitud surge por el incremento en las contrataciones públicas entre la empresa y el Estado durante los últimos años, y es que según señala el documento estas habrían aumentado un 276% desde 2022.

El diputado Sauerbaum defendió el requerimiento, manifestando que buscan "conocer el detalle de esta prestación de servicios que está haciendo una empresa muy cercana al Presidente Boric, una empresa que trabajó con él desde el año 2012, cuando fue candidato a la FECH, luego como candidato a diputado, luego como diputado y como candidato presidencial", en 2021.

"Llama poderosamente la atención la gran cantidad de contratos que hoy tiene, considerando que antes de que asumiera el Presidente Boric tenía apenas contratos con el Estado por montos muy menores. Hoy tiene contratos con diversas instituciones del Estado, la Comisión Nacional de Energía, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, la Dirección General de Promoción de Exportaciones, el Instituto Antártico Chileno, el INDAP, Senda, la Subdere y otros más", señaló.

A juicio de los parlamentarios, lo más preocupante es el "desembolso de recursos a la empresa", ya que este gasto habría aumentado de gran manera bajo la administración actual.

Según los documento presentados desde 2022, la empresa ha adjudicado diversos proyectos, comenzando con un total anual de 108 millones de pesos ese año, cifra que a mayo de este año supera los 470 millones de peso. De esta manera especifican que, según Mercado Público pasó de adjudicarse $1.218.084 el 2014 a $473.360.000 el 2024.

En el documento enviado a la Contralora Dorothy Pérez, se lee que "si bien uno podría indicar que se debe a la larga trayectoria de la empresa, en circunstancias a que es un periodo de tiempo de contrataciones con el Estado de 10 años, lo relevante es el quiebre que se produce con la llegada de la actual Administración de Gobierno, lo que representa un incremento porcentual del 276% ($300.563.247) o 4,6 veces de aumento de los recursos en relación a lo adjudicado el año 2022.

Por otra parte, en lo que va del presente año se logra evidenciar un aumento del 16% ($64.065.753) en comparación con el año 2023, lo que es particularmente llamativo si entendemos que estamos recién en el mes de mayo, con más de la mitad del año por delante".

Así las cosas, Sauerbaum expresó que necesitan "saber si se han adjudicado debidamente o han sido a través de tratos directos o de algún concurso público para poder dar tranquilidad a los chilenos de que los recursos se están administrando debidamente y no tenemos aquí un nuevo caso similar a las fundaciones en donde se trató de privilegiar a los cercanos al Gobierno y a los cercanos al Presidente específicamente".

Por su parte, Durán manifestó que el Gobierno "no solo quiere manipular a la ciudadanía con spots que desinforman sobre la reforma de pensiones, sino que además los realizan con las productoras de sus amigos.

Por lo mismo hemos oficiado a la Contraloría para que el Ministerio del Trabajo explique por qué hacen propaganda de una iniciativa que no es ley y por qué son los amigos del presidente los que se ganan todas las licitaciones.

¿No era que el amiguismo se iba a terminar con la administración del Frente Amplio?". Finalmente, el documento señala que para garantizar la transparencia y protección de recursos públicos, y el principio de probidad al adjudicar recursos estatales, debe realizarse una revisión completa y justificada de los fondos otorgados a la empresa mencionada.