Ad portas de que este miércoles la Cámara de Diputadas y Diputados vote la posibilidad de un cuarto retiro anticipado de los ahorros previsionales, el Gobierno apuesta a que esta vez la iniciativa no termine zanjándose en el Tribunal Constitucional (TC), como sí ocurrió en las últimas dos tramitaciones: mientras en el segundo giro -despachado en diciembre- el órgano jurisdiccional acogió su requerimiento para frenar la medida, en el tercero -abril- ni siquiera lo acogió a trámite.

Y es que, además de cambios de gabinete y pérdida de votos en el Congreso Nacional, el Ejecutivo ha debido desembolsar 24 millones de pesos, en total, para garantizar el freno de los dos últimos giros: principalmente en pagos al jurista Gastón Gómez y la ex presidenta del TC Marisol Peña, quienes han sido los representantes de la postura de La Moneda, según publicó este lunes el diario La Tercera.

De acuerdo al rotativo, en el marco del segundo retiro del 10%, Gómez y su socio José Francisco García recibieron un pago de 420 UF (unos 12 millones de pesos), con cargo al Ministerio de Hacienda, para redactar y presentar el requerimiento, que ganó en el TC. Según el entorno de Gómez, la remuneración fue tanto por el texto como por la defensa, con los alegatos incluidos.

En el tercer retiro, en tanto, el Gobierno trabajó en dos líneas de acción paralelas para enfrentar los cinco proyectos de los diputados que se discutieron entonces: una -a cargo de Gómez- contra las tres mociones que se referían a las disposiciones transitorias, y otra liderada por Peña, sobre los dos proyectos que reformaban las disposiciones permanentes, indicó.

Estos dos últimos proyectos fueron rechazados en la discusión general que se dio en la Cámara Baja y finalmente fueron archivados, por lo que la representación de La Moneda ante el TC la asumió Gómez, quedando Peña fuera de la defensa, al haber trabajado sobre esta línea.

El texto que hizo Gómez sobre el tercer retiro fue similar al del segundo, por lo que no se le pagó dinero por el documento, y que como el recurso no fue acogido a trámite ante el tribunal y, por lo tanto, no hubo defensa, no se le pagó por éste, explicaron desde el entorno del abogado, según consigna el rotativo. 

Peñase alejó de la discusión y descartó que no estuviera frente al requerimiento del Ejecutivo por sus diferencias con la actual líder del TC, como se especulaba en ese momento, sino que debido a que "el encargo que me efectuó el Gobierno fue preparar un documento relacionado con la modificación eventual a disposiciones permanentes de la Constitución, lo cual fue rechazado por la Cámara".

Si bien el requerimiento de Peña no fue el que llegó al TC, en julio la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) le pagó 12 millones pesos brutos.

Desde la cartera defendieron que ambos requerimientos fueron preparados en tiempo y forma, por lo que no se podía esperar a que alguna de las iniciativas se aprobara para ahí recién contratar a alguien. En ese sentido, afirmaron que -aun cuando ambos proyectos fueron rechazados en la Cámara- Peña entregó su informe que consideraba una "eventual" presentación ante el tribunal.