La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) emitió una declaración pública a través de la cual instó a los poderes del Estado a realizar una reforma constitucional al sistema de nombramientos de jueces, notarios y conservadores del país.

En el documento además, piden que para la elección de los funcionarios prime el “desempeño, que sea un proceso público y concursable, con equidad de género, y no por razones políticas o de otra índole”.

La solicitud de la ANMM se da luego que el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) decidiera querellarse por el presunto delito de tráfico de influencias en torno al nombramiento de la ministra María Teresa Letelier en la Corte Suprema. Según reveló un reportaje de Ciper, en el celular incautado del exministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Juan Antonio Poblete, apareció una conversación entre él y el candidato de Chile Vamos -y exministro de Defensa- para la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes, donde éste último acodaría apoyar la elección de Letelier.

Bajo ese escenario, la ANMM planteó que “desde 1990 y durante los dos procesos constitucionales fallidos, y en diversas instancias legislativas, académicas o declaraciones en medios de comunicación, ha sostenido como prioridad la modificación del actual sistema de nombramientos, el que es deficiente y político.

Según indicaron desde la entidad, uno de los diagnósticos que han develado “se refiere al inadecuado régimen constitucional y legal que involucra a Cortes de Apelaciones y Corte Suprema en los nombramientos, que dice relación con prácticas impropias que por décadas se han asentado e involucran a los propios jueces en reglas no escritas que dan espacio a influencias y relacionamientos con autoridades políticas y otros actores que inciden en sus designaciones”.

“Por todas estas razones, que son nocivas para la integridad de la función, la confianza ciudadana y la propia democracia es que instamos a los poderes colegisladores a realizar una reforma constitucional del sistema de nombramientos de jueces y juezas, y también de notarios y conservadores del país, en la que prime el desempeño, que sea un proceso público y concursable, con equidad de género, y no por razones políticas o de otra índole”, sostienen.

Según se explica en la Biblioteca del Congreso Nacional, dentro de las atribuciones especiales del Presidente de la República está el nombramiento de “magistrados y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y a los jueces letrados, a proposición de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, respectivamente; a los miembros del Tribunal Constitucional que le corresponde designar; y a los magistrados y fiscales judiciales de la Corte Suprema y al Fiscal Nacional, a proposición de dicha Corte y con acuerdo del Senado”.

En ese contexto, desde la ANMM sostienen que “uno de los planteamientos históricos de la Asociación ha sido la necesidad de separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas para que se garantice la independencia judicial, que permita robustecer la democracia”.

Finalmente, recalcaron que la asociación “está siguiendo atentamente las diversas iniciativas legislativas que pretenden modificar el sistema de nombramientos y será en esa instancia en la que seguiremos manifestando nuestra opinión sobre el tema”.