Este mes de septiembre entró en vigor en su totalidad la Ley 21.595, también conocida como Ley de Delitos Económicos (LDE), que busca transformar la forma en que las empresas, tanto grandes como pequeñas, deben responder ante delitos económicos y ambientales.

Esta normativa amplía el catálogo de delitos imputables a las personas jurídicas, de apenas 20 a más de 200, trayendo consigo una serie de retos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Según Christian Lavín, gerente de Auditoría y Compliance de Adactiva -compañía de asesorías contables y legales-, la nueva normativa requiere que los líderes empresariales se involucren más en el día a día de sus operaciones, implementando sistemas de prevención efectivos que minimicen los riesgos.

Este proceso de adaptación ha obligado a muchas pymes a recurrir a consultorías especializadas o a estudios jurídicos para asegurarse de cumplir con las exigencias de la ley, indicó el experto.

¿Pero de qué se trata esta norma?

La Ley 21.595, promulgada en agosto de 2023, busca actualizar y fortalecer el marco legal contra la criminalidad económica y los delitos ambientales en Chile. La normativa amplía la responsabilidad penal de las empresas, obligándolas a responder por más de 200 delitos, entre ellos corrupción, fraude y daños ambientales.

Las sanciones incluyen penas de cárcel para los ejecutivos y multas para las empresas. Vicente Cruz, CEO de Sheriff -plataforma digital de gestión de riesgo y compliance-, señala que "las entidades deben revisar y adaptar sus modelos de prevención de delitos, realizar un análisis detallado de sus operaciones para identificar posibles riesgos, educar y entrenar a su personal sobre las implicancias de la nueva ley y la importancia de la ética empresarial".

Desafíos y oportunidades para las pymes

La norma introduce un nuevo sistema de responsabilidad penal para las personas jurídicas, que obliga a las empresas a rendir cuentas por los delitos cometidos en su beneficio o bajo su nombre.

El principal objetivo de esta legislación es cerrar las lagunas legales que permitían que muchas empresas eludieran la responsabilidad penal por actos ilícitos. La norma también persigue garantizar que las organizaciones actúen como ciudadanos corporativos responsables, contribuyendo no solo al desarrollo económico, sino también al bienestar social y ambiental.

Para las pymes, el reto es grande. A diferencia de las grandes corporaciones, que suelen contar con recursos y equipos especializados en compliance (cumplimiento con lo que indica la ley), los emprendedores a menudo operan con estructuras más limitadas.

"Muchas veces existe un solo control para la emisión de facturas, lo que se combina con una excesiva confianza frente a proveedores o clientes; o, simplemente, no hay personal especializado para advertir potenciales incumplimientos", comenta Lavín.

Por su parte, García explica que “la nueva ley puede ser vista como una oportunidad para que las empresas de todos los tamaños, incluidos los emprendimientos, fortalezcan su cultura de ética e integridad en la realización de sus negocios. Esto contribuirá a elevar los niveles de probidad y a perseguir y castigar con mayor eficacia a aquellas empresas que compitan mediante prácticas ilícitas”.

A lo anterior, se suman obligaciones adicionales para los proveedores del Estado que operan en mercadopublico.cl, a quienes se les exigirá un estándar de probidad y transparencia más elevado.

“A estas empresas se les solicitará tener implementado el manual de prevención de delitos. De esta forma, se busca prevenir conflictos de interés y garantizar un comportamiento ético y transparente”, añade Cristián Montero, fundador de Adactiva.

Recomendaciones para las pymes

Ante este nuevo panorama, los especialistas en cumplimiento tributario sugieren una serie de acciones clave que las pymes deben considerar para adaptarse a la normativa:

Evaluar los riesgos: Es fundamental que las pymes realicen una evaluación exhaustiva de los riesgos de su empresa, considerando su tamaño, giro, ubicación geográfica y relaciones con terceros.

Desarrollar un código de conducta: Las empresas deben establecer un código de conducta que defina claramente los principios y valores que guiarán sus operaciones. Implementar canales de denuncia: Crear canales de denuncia confidenciales que permitan a los empleados reportar irregularidades sin temor a represalias.

Capacitar al personal: Es clave que todos los empleados conozcan la nueva ley y los procedimientos internos de prevención.

Designar un encargado de prevención: Nombrar a una persona responsable de la prevención de delitos, con autonomía para investigar y reportar posibles ilícitos directamente a la alta dirección. Auditorías periódicas: Realizar auditorías para evaluar la efectividad del modelo de prevención y ajustar las medidas cuando sea necesario.