Los diputados promotores del séptimo debate de retiros de ahorros previsionales bajaron los proyectos que habían presentado este año, confirmó Pamela Jiles (Partido Humanista), una de las principales impulsoras de la discusión que, aunque suele contar con apoyo popular, ya no encuentra piso político en el Congreso Nacional ni de parte del Gobierno.

La diputada había pedido públicamente a sus colegas que retiraran las firmas de las al menos cinco iniciativas que fueron presentadas tras el fin de la veda legislativa de un año, que concluyó el 6 de junio pasado luego del fracaso del sexto intento en 2023.

"Es como hacerle respiración artificial a los retiros que el Gobierno quiso asesinar. Todos los diputados que concurrieron a esta tramitación de retiros han retirado ya sus firmas, lo que nos permite recobrar el control de los retiros, impedir que sean asesinados y queden sin posibilidad alguna, y recobrar el control para poder presentar nuevamente un retiro", explicó Jiles.

La legisladora humanista no descartó volver a la carga el próximo año, que estará marcado por las elecciones parlamentarias y presidenciales de noviembre de 2025.

Al ser retiradas las firmas de los proyectos, y como estos no alcanzaron a ser votados en general por la Sala de la Cámara Baja, quedaron archivados.

Si la tramitación hubiera seguido, se pronosticaba que la mesa podría haber puesto las mociones en tabla para después del 16 de noviembre de este año. En ese escenario, el probable rechazo de la idea de legislar habría desembocado en otra de veda de un año, lo que hubiera impedido a sus promotores reabrir la discusión antes de las elecciones de 2025.

Todas las iniciativas eran reformas constitucionales, firmadas, entre otros, por los diputados René Alinco (independiente), Jaime Araya (independiente-PPD), Ricardo Cifuentes (DC) y los socialcristianos y Roberto Arroyo y Enrique Lee.

Este fallido debate fue el séptimo para un giro desde los fondos de pensiones en menos de cuatro años: de los seis anteriores, los tres primeros fueron aprobados, todos durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera y en plena pandemia del Covid-19. Los últimos tres han sido rechazados, uno a fines de Piñera II y dos durante el mandato de Gabriel Boric: el fracaso más reciente fue el 7 de junio del 2023.