Regional
Crónica
10/10/2024
Por Eduardo Bascuñán
La gran oposición de defensores medioambientales marcan el inicio del plan del Ejecutivo para impulsar la economía regional, debido a que se ingresaron en él proyectos que históricamente han recibido críticas por el nivel de afectación hacia el ecosistema.
Este pasado viernes, se dio inicio al trabajo del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, que contó con la presencia del Ministro de Economía, Nicolás Grau, en las dependencias del Gobierno Regional para dar a conocer las principales directrices del método de impulso económico en la región.
Esto se da en el contexto del cierre indefinido de las operaciones siderúrgicas de Huachipato en Talcahuano, proceso que comenzó en agosto y culminó, según lo estipulado por la firma, el 15 de septiembre con el apagado del alto horno de la usina.
En definitiva, el plan de Gobierno estableció 32 medidas para impulsar el desarrollo industrial en la región, incluyendo entre ellos algunos proyectos que han sostenido un histórico rechazo, tanto desde grupos medioambientales como de la ciudadanía.
Cabe mencionar que en el plan de Gobierno, aparecen mencionados proyectos como la Central Hidroeléctrica Rucalhue, el Terminal GNL Penco – Lirquén, también la Ruta Pie de Monte, Parque Eólico Junquillos y Tierras Raras; iniciativas de inversión que han tenido un rechazo transversal y críticas respecto de su impacto medioambiental.
Frente a la posición del Ejecutivo de instalar estos proyectos como iniciativas priorizadas para el fortalecimiento económico industrial del Biobío, distintas agrupaciones medioambientales han comenzado a alarmarse.
Desde la Red de humedales de Coronel, grupo medioambiental que conglomera varias otras organizaciones de protección y defensa de humedales, se afirmó que “es inaceptable que se utilicen las necesidades legítimas de transporte, empleo y servicios básicos para justificar el extractivismo, el avance inmobiliario sin planificación y la destrucción de ecosistemas en plena crisis climática”.
Además, indican que en Coronel, lugar donde se pretende instalar la Ruta Pie de Monte, corresponde a “una zona de sacrificio ambiental, estos proyectos perpetúan la injusticia social y ambiental, afectando gravemente la salud y calidad de vida de la comunidad”.
Para la agrupación, la instalación de proyectos ‘prioritarios’ en el Plan Nacional para el Biobío parece ser una respuesta apresurada a la situación económica de la región, esto debido a que no considera adecuadamente “las preocupaciones de las comunidades afectadas”.
En definitiva, la Red de Humedales de Coronel, aseveró que “nos comprometemos a hacer todo lo necesario para impedir acciones que, bajo el pretexto del desarrollo económico, provoquen desastres locales, degradan irreversiblemente nuestro entorno y no integren una perspectiva de reducción de riesgos de desastres”.
Frente a la misma situación, otra de las iniciativas consideradas por el plan corresponde a la Central Hidroeléctrica Rucalhue (CHR), que bajo inversiones chinas, busca instalar el proyecto energético número 17 en el cauce del río Biobío, concentradas principalmente en Alto Biobío, Quilleco y Santa Bárbara.
En junio, algunas comunidades pehuenches presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Concepción, para frenar una resolución de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que había concedido la autorización de intervenir cerca de 650 especies arbóreas protegidas por Ley.
Cabe recalcar, que esta situación sostiene las preocupaciones de las comunidades y ciudadanos del sector desde que se conoció su Resolución de Calificación Ambiental en 2016. Incluso, no está de más contar que en 2021 se realizó una Consulta Ciudadana en la comuna de Quilaco, aledaña a Rucalhue, donde se dio a conocer que el 90 % de la población votó en contra del mencionado proyecto hidroeléctrico.
Asimismo, otro de los proyectos prioritarios, corresponde a Tierras Raras, localizado en Penco, pretende extraer minerales para la creación de acero verde; vale mencionar que el Grupo CAP es uno de sus principales inversores y se encuentra en estado de Calificación por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Actualmente, la medida número 32 del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío plantea la idea de licitar en el comercio internacional la extracción de hierro en el norte de Chile, para propiciar la generación del acero verde de Huachipato, iniciativa que fue parte crucial del discurso de la siderúrgica y su continuación operacional, días previos a su cierre definitivo en agosto.
Nicolás Salas, licenciado en Ciencias Ambientales de la UdeC, poblador de Penco y parte de diversas entidades medioambientales, afirmó que “desde el inicio de estos proyectos en 2016, se ha tenido preocupación sobre el impacto que tendría en las comunidades aledañas”.
“Hay mentiras, omisión de aspectos fundamentales, vulneración del recurso hídrico, también vulneración de especies en estado de conservación, de bosques milenarios, y hay mentiras en el sentido que ellos dicen que no van a contaminar el agua, pero ni siquiera han hecho catastro de las vertientes, que son el principal alimento del río Penco”, afirmó el poblador.
Es más, Salas cuestionó las medidas del plan y aseveró que “donde tiene que existir una mayor preservación de recursos hídricos, una mayor preservación de ecosistemas como los humedales, como los bosques nativos, vemos que el Gobierno impone un desarrollo industrial que va completamente en el medio del ecosistema y de la vida en sí”.
De alguna manera, estos proyectos, que históricamente han recibido el rechazo popular de sus pobladores y pobladoras, se ven sometidos a un doble cuestionamiento. Si estas empresas no han podido lograr su inversión en la región, es porque se ha hecho público el rechazo popular y además no han podido cumplir con las exigencias de participación ciudadana e indígena. Esto pone en tela de dudas la efectividad del Plan de Fortalecimiento Industrial para el Biobío. Método que es defendido por la institucionalidad de frente a la compleja situación de la economía regional.
En el contexto de la puesta en marcha del plan de reactivación económica en el Biobío, este recién pasado viernes, el ministro de Economía, Nicolás Grau, aseveró que “lo importante es que este tipo de espacios ayude a generar más consenso y mayor diálogo, porque en la medida que exista eso, por supuesto que puede ampliar una base social detrás de esos proyectos de inversión. Pero aquí no hay receta. El camino es mucho diálogo, mucha conversación y generando consenso social para que avance lo productivo”.
Asimismo, Álvaro Ananías, presidente regional de la Cámara de la Producción y el Comercio (CPC) del Biobío, afirmó que “Tierras Raras partió como un proyecto en una empresa anterior que no partió bien difundido. Y yo siento que hoy día sí se está haciendo bien ese trabajo. Y haciendo bien el trabajo, yo creo que las cosas llegan a puerto”.
En la misma instancia del lanzamiento de los trabajos del plan, otro actor importante es la Mesa del Empleo y la Industria de la Región del Biobío, su vocero, Iván Montes, afirmó que “este tema hay que abordarlo nuevamente en la mesa. (…) Son reclamos legítimos, históricos, que incluso en algunos casos han llevado a consultas ciudadanas, como en el caso de Penco, de Tierra Raras”.
Además, sostuvo que es necesario abrir la discusión un poco más de lo que fue las últimas veces, por lo que aseveró que “ningún proyecto en la región y en el país se puede saltar las reglas o se puede saltar los procedimientos de control. Y eso yo creo que es una de las cosas básicas para poder empezar a conversar”.
“El enfoque del empleo que nosotros queremos darle a los proyectos también tiene que tener un espacio para ser escuchado y para que nosotros podamos argumentar. Esto no significa que estos proyectos se vayan a realizar, sino que simplemente darle una mirada, hoy día con este elemento tan vital como es el empleo para la región, incorporarlo a la discusión”, argumentó.
Sin mencionar Ruta Pie de Monte, debido a que no aparecen cifras públicas de su supuesta ejecución; los demás proyectos (Tierras Raras, GNL Penco – Lirquén y CHR) suman un total de $US 599.6 millones. Asimismo, se detalla que en las etapas de construcción, el máximo números de trabajadores, se sitúa en 400 personas para Tierras Raras; 455 para GNL y 500 para la CHR. De la misma manera, se detalla que al cese de las obras, en el proyecto minero de Penco trabajaría un total de 217 personas; en la operación del gasoducto GNL trabajarían 63 personas y en el proyecto hidroeléctrico en Rucalhue, se estima que con 15 personas bastaría para operar en el lugar.
