El Congreso Nacional aprobó la acusación constitucional contra el ministro y expresidente de la Corte Suprema Sergio Muñoz Gajardo, por lo que quedó destituido del máximo tribunal e inhabilitado para ejercer cargos públicos por un período de cinco años.

En votaciones con apoyo mayoritario de la oposición, el Senado -actuando como jurado- visó los dos capítulos del libelo promovido por la derecha, que se originó en la Cámara de Diputadas y Diputados en una doble acusación que incluyó también a la removida exministra Ángela Vivanco.

Aunque ambos ahora exsupremos estaban señalados por presuntos hechos distintos y de épocas diferentes, la Cámara Baja aprobó la admisibilidad la semana pasada y la envió a la Cámara Alta, que resolvió votar separadamente el libelo respecto de cada acusados.

De esa manera, los senadores deliberaron en primer turno, sobre los dos capítulos contra Muñoz, que invocaban la causal de notable abandono de deberes.

El primero lo acusaba de presuntamente anticipar un fallo que produciría efectos patrimoniales respecto de su hija y no manifestar la inhablidad en una causa con interés patrimonial, y fue aprobado con 27 votos a favor -la derecha en bloque más los dos senadores de Demócratas y el independiente Karim Bianchi-, y 21 en contra -todos oficialistas-.

En detalle, sostenía que el ya destituido ministro supuestamente filtró a su hija -a la jueza de Garantía Graciel Muñoz- el contenido de un fallo no publicado de la Suprema, sobre la evaluación ambiental del proyecto Eco Egaña de la inmobiliaria Fundamenta, en Ñuñoa, para evitarle una pérdida económica al presuntamente aconsejarle no proceder con compraventa alguna.

Aquello en el marco de que el ministro fue parte de la Sala donde se tramitó, en 2022, un recurso de casación de la compañía, que en una primera vista fue desfavorable para ésta.

La defensa apuntó que esa acusación se fundó en una declaración jurada de la jefa de proyectos de Fundamenta, Valentina Riquelme. Sin embargo, Sergio Muñoz, que compareció personalmente en el Senado en la víspera, negó haber incurrido en tal filtración y aseguró que "no existe prueba del hecho afirmado (...) es una deducción de los acusadores", y remarcó que el testimonio ante notario que entregó en aquel entonces la empleada de la inmobiliaria "no afirma haber escuchado de mí, o de mi hija, que le señalé el acuerdo (del fallo)".

En la argumentación de su voto en contra, la senadora Alejandra Sepúlveda (FRVS) cuestionó que la señalada ejecutiva de la empresa no fuese citada por el Congreso a declarar durante la tramitación de este juicio político, e incluso recriminó que pareció más una acusación contra la hija del ministro Muñoz que contra éste.