La Contraloría General de la República (CGR) solicitó al Ministerio de Justicia realizar un informe sobre el millonario trato directo que se realizó en el marco del Plan de Búsqueda de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La polémica se levantó durante el mes pasado tras un reportaje de Ciper, en el que se reveló que esta cartera cerró un trato directo por 619 millones de pesos con la empresa Unholster para desarrollar una plataforma de búsqueda de detenidos desaparecidos, sin informar esta decisión a los familiares.

La firma ya se había adjudicado anteriormente una licitación de 98 millones de pesos en el marco del mismo plan.

El acuerdo fue cuestionado por los diputados UDI Gustavo Benavente, Juan Fuenzalida Cobo y Henry Leal, sobre todo por el millonario monto involucrado y porque Cristóbal Huneeus, actual director del área Data Science de la empresa, es uno de los asesores técnicos que colaboran con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

"Aquí no solo se le entregó un millonario contrato a una compañía que está ligada a uno de los principales asesores previsionales de la ministra Jara, sino que además se realizó de manera directa, sin ninguna licitación de por medio", cuestionaron los diputados gremialistas, que presentaron los antecedentes ante la Contraloría para que sean revisados.

Justicia tiene 10 días para realizar el informe

Esta solicitud fue respondida por la División Jurídica de la Contraloría, que emanó un oficio con destino al ministro de Justicia, Luis Cordero, para que en un plazo de 10 días dé a conocer los detalles de este trato directo.

"Pase al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos copia de la presentación formulada por el prosecretario de la Cámara de Diputados, a requerimiento de los diputados señores Gustavo Benavente Vergara, Juan Fuenzalida Cobo y Henry Leal Bizama, a fin de que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 10.336, se sirva informar a este Organismo al tenor de lo expuesto por los recurrentes, en el plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde la total tramitación del presente oficio", determinó el ente contralor.

Asimismo, aclaró que "dicho informe deberá ser preparado con intervención de la Asesoría Jurídica o abogado de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias o que ese organismo no cuente con ese profesional".

"Además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata", cerró el escrito del organismo liderado hoy por Dorothy Pérez.

La queja de los diputados UDI no es la única que ha recibido este trato directo, dado que familiares de personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura militar también criticaron la gestión del Gobierno del Plan Nacional de Búsqueda.