Tras lo ocurrido con el caso que involucra a los juristas Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, ambos sentenciados a prisión preventiva por delitos tributarios, soborno y lavado de activos, un grupo de congresistas ingresaron un proyecto de reforma constitucional que busca dotar nuevamente de facultades a las colegiaturas para sancionar e inhabilitar, ya sea temporal o definitivamente, a los profesionales que cometen faltas a la ética.

Y es que ante la carencia de una ley que sancione las faltas a la ética, el proyecto establece que la afiliación a colegiaturas será obligatoria, para así otorgar a estas más facultades para castigar este tipo de conductas. La intención de la propuesta, según consigna el documento de la iniciativa de norma es sacar “del sistema a aquellas personas que simplemente hacen vista gorda de sus deberes para con la sociedad”.

“El caso Hermosilla ha sido un fiel reflejo de la falta de ética con que actúan ciertos profesionales. (…) si es llegase a ser condenado, una vez cumplida su pena, el abogado Hermosilla podría nuevamente ejercer la profesión de manera libre”, señala el documento.

En base al proyecto, la diputada Karen Medina (ind) del Distrito 21, manifestó que “comparto en que todos los profesionales en general sean colegiados, pero que además esto traiga sanciones cuando ejercen de mala manera, cuando en el ejercicio de la abogacía por ejemplo incurren en faltas graves o simplemente delitos en que a ellos se les castigue y que también se les pueda quitar el título para que dejen de ejercer”.

A reglón seguido, la congresista añadió que hay que “tener mayor exigencia a los profesionales que estamos formando día a día y que van a ser el futuro de nuestro país en distintos ámbitos, en distintas profesiones, porque no podemos seguir permitiendo que haya un abuso, que todos hagan las cosas mal y que simplemente esto se tape bajo la alfombra y se permita que siga sucediendo”.

En tanto, la diputada del Distrito 20, María Candelaria Acevedo (PC), sostuvo que es fundamental “que todos estén colegiados y que desde los gremios se levanten sanciones a los profesionales puede ser una medida que a priori frene los casos de malas prácticas, pero me parece que sigue siendo insuficiente, ya que sabemos de profesionales en donde la ética no forma parte de su actuar, y eso es más que patente por ejemplo en los médicos que emiten miles de licencias falsas anualmente”.

La parlamentaria del PC, de la misma forma, expresó que se deben fortalecer los mecanismos de control para no repetir una situación como la que se está investigando.

“Si queremos evitar malas prácticas la verdad es que tenemos que fortalecer los mecanismos de control en todo ámbito de forma urgente, disminuyendo así el margen de acción de quienes quieren aprovecharse de una u otra forma del sistema que nos rige”, cerró Acevedo.

Paralelamente, Félix González, diputado del Distrito 20, hizo un mayor énfasis en el proceso de investigación y el cumplimiento de las sentencias en situaciones como el del Caso Audio y dijo que “el que se les expulse de un colegio profesional la verdad es que no creo que los disuade. Lo más importante acá es que las penas se hagan efectivas que están ya en la ley y que los Tribunales, las policías y la Fiscalía hagan su parte para que no salgan con clases de ética”.

Colegio de Abogados

Bajo la arista del mismo caso, el Consejo General del Colegio de Abogados emitió una declaración donde priorizó la necesidad un mayor control ético en la profesión, razón por la cual propondrán una reforma constitucional que les otorgue poder en ese sentido.

“Por ello, en el Consejo hemos preparado una propuesta de proyecto de reforma constitucional para asegurar el control ético único, universal y efectivo, que efectúe el colegio profesional, respecto de todos los profesionales”, señalaron en la declaración.

Asimismo, complementaron que la iniciativa “permite que los pares sean quienes ejerzan el control ético y, que cuando las infracciones a dichos deberes sean graves, se pueda sancionar hasta con la prohibición del ejercicio profesional”, detallaron.

En esa línea, el Roberto Arroyo (PSC), diputado del Distrito 20, analizó la propuesta, junto con su factibilidad, y aseveró que “no existe relación entre el trabajo profesional y su ética, situación que es una cualidad de cada persona, la tutela de los colegios profesionales tenía muchas atribuciones y se prestaba para abusos sobre profesionales díscolos a las directivas”.

El principal argumento que entrega Arroyo es que la actual legislación “contempla el perder el ejercicio profesional cuando, por resolución judicial, se acredite que existieron ilícitos que ameritan la pérdida de su ejercicio profesional”.

El parlamentario, bajo el mismo contexto, apuntó a que se dejen de designar políticamente distintas instituciones, como el Tribunal Constitucional o el Fiscal Nacional, para así garantizar transparencia en su funcionamiento.

“Lo que se debe hacer y es importante para la transparencia es que las instituciones que pertenecen a leyes orgánicas dejen de ser designaciones políticas , así el Tribunal Constitucional dejará de ser una institución politizada , o el pleno de los ministros de la corte suprema, no puedan ser sujetos de presiones políticas para sus decisiones, así también el fiscal nacional que también se elige políticamente, no estaría solicitando resguardar audios y mensajes, pues aumenta la duda sobre a quienes protege con esta acción”, cerró el diputado por el Distrito 20.

A la par, la diputada Medina, expuso los resultados de la Comisión Investigadora que se definió para estudiar el caso y sus repercusiones, donde uno de los resultados que arrojó fue que una alta cantidad de abogados que ejercen en el territorio nacional no están colegiados.

“La comisión investigadora anterior arrojó que gran parte de los abogados en ejercicio no están hoy día colegiados y además de aquellos que sí lo estaban, como era el caso del señor Hermosilla, las propias normas internas de la colegiatura no habían sido aplicadas a este señor aún habiendo evidencia de las faltas que ya estaba cometiendo”, comentó Medina.

El Consejo General del Colegio de Abogados emitió una declaración pública luego de que concluyera la audiencia de formalización en contra de los implicados en el denominado Caso Audios, entre los que figuran dos abogados que quedaron en prisión preventiva: Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos.

“Los hechos que están siendo investigados en el llamado ‘Caso Audios’ son extremadamente graves y merecen nuestro absoluto rechazo”, comienza expresando la declaración.

“Esperamos que en el proceso penal se puedan clarificar los hechos y se determinen, conforme al mérito del proceso, las responsabilidades y sanciones que procedan”, agrega el escrito.

Más abajo sostiene que “los abogados y abogadas somos servidores de la justicia y cumplimos un rol público fundamental en el resguardo del Estado de Derecho. Por lo mismo, es fundamental que su actuar profesional se ajuste a ética y las normas vigentes”.

Menciona que “el Colegio de Abogados reúne a abogados y abogadas que día a día honran esta profesión y trabajan en forma honesta y leal para colaborar con la justicia. Es por eso que quienes se apartan de los estándares legales y éticos deben ser investigados y sancionados”.

Más abajo menciona que “el actuar del abogado o abogada tiene que cumplir altos estándares en su desempeño” y que eso es concordante con las preocupaciones de la opinión pública sobre el quehacer de los abogados, lo que “nos debe llevar a reflexionar sobre la importancia del control ético”.

En este sentido, afirman que “preocupa que el marco constitucional y legal actualmente vigente debilita dicho control, sin establecer una jurisdicción universal, creándose estándar diferenciado entre abogados colegiados y no colegiados”.

Por ello, “hemos preparado una propuesta de proyecto de reforma constitucional para asegurar el control ético único, universal y efectivo, que efectúe el colegio profesional, respecto de todos los profesionales”.

En opinión del Colegio de Abogados, esto permite “que los pares sean quienes ejerzan el control ético y, que cuando las infracciones a dichos deberes sean graves, se pueda sancionar hasta con la prohibición del ejercicio profesional”.

“La jurisdicción universal es común en el derecho comparado y los casos que hemos visto en las noticias reafirman la importancia de fortalecer el control ético, como resguardo del sistema de justicia y del Estado de Derecho”, concluyen.