Regional
Crónica
19/09/2024
El número de certificaciones de discapacidad y de contratos de trabajos en la Región del Biobío crean desafíos para aumentar las cifras en torno a la Ley de Inclusión Laboral, la cual mediante recientes modificaciones, prácticamente plantea duplicar la cuota requerida a las empresas.
Y es que hace menos de un mes se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.690, que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de Inclusión de personas con discapacidad en espacios laborales, y asignatarias de Pensión de Invalidez.
La principal modificación tiene relación con el aumento al 2% de la cuota que exige la normativa en relación al número de contrataciones en empresas de más de 100 trabajadores. De esta forma, el mencionado aumento comenzará a correr el 1 de enero de 2025.
Al respecto, la directora regional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), Paulina Fuentes, explicó que “una vez que se entrega un informe que tienen que preparar tres ministerios (Desarrollo Social, Trabajo y Hacienda), en función de eso, tienen un año de plazo, o sea, agosto del próximo año para ver el cumplimiento de la ley del 1%. Y cuando la Ley cumpla el 80% cumplimiento del 1%, pasamos al 2%”.
En este contexto es que la directora del Trabajo en el Biobío, Roxana Rubio, afirmó que en relación a la Ley de Inclusión Laboral en el sector privado y según las cifras de julio del 2024, “en el Biobío son 4.764 contratos de trabajo y que beneficia a 4.137 trabajadores”.
La diferencia en las cifras se puede explicar, según la titular del Trabajo, por “algún tipo de jornada parcial o porque al momento en que se recopilan estos antecedentes pudo haber existido algún término de relación laboral podían haber contratos indefinidos o contratos a plazo”.
Cabe explicar que la mencionada normativa dicta un método de reporte a la Dirección del Trabajo mediante una comunicación electrónica. “En base a esos datos en la región podemos ver que el 2018 fueron 160 empresas, en 2019 fueron 140, ya en el 2020 fueron 154; en 2021 se informó respecto de 147 empresas, en 2022 tuvimos un aumento considerable de 272 empresas; el 2023 fueron 194 y a julio de este año son 278”, concluyó.
Respecto a cuál es la manera en la que se puede aumentar dicha cifra, la directora del Trabajo aseveró que es posible “dando a conocer las implicancias de la Ley de Inclusión Laboral y la forma en que deben cumplir las empresas y empleadores”.
En definitiva, “con la discusión de esta ley podemos abordar el aumentar ese número y por cierto con las fiscalizaciones que realiza la Dirección del Trabajo para así, verificar el cumplimiento de la normativa”, agregó Rubio.
Así también, según informó la Dirección del Trabajo regional durante el 2023 se realizó un total de 119 fiscalizaciones en diferentes sectores productivos en torno a la mencionada Ley, mientras que a nivel nacional se realizaron 1463.
Según la Ley 21.015, en el sector público al igual que con el privado, se estipula el mismo porcentaje de cuota de contratación. En definitiva, todos los entes fiscales deben informar al Servicio Civil y al Senadis respecto de sus contrataciones anuales.
Según el último Informe de cumplimiento en el Sector Público 2022, publicado en noviembre de 2023, del universo total de instituciones públicas (628), un 78,3% reportaron sus informes de cumplimiento, mientras que el 21,7% no lo realizó.
Asimismo, a nivel nacional de un total de 418 instituciones públicas obligadas a entregar información en 2022, sólo un 34,9% cumple con la cuota de contratación; el 61,2% no cumple por contratación y el 3,8% no cumple por falta de información en sus reportes.
Cabe decir que pese a solicitar en reiteradas ocasiones información relevante del cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral en el Biobío en Contraloría, Dirección de Presupuestos y en Senadis, al día de la publicación de este artículo no ha habido respuesta.
En tanto, un informe realizado por la División de Fiscalización de la Contraloría General de la República y publicado en febrero de 2024, da cuenta del rezago con el que se cuenta también en el sector público.
En definitiva, se verificó la información de 85 municipios y de 52 servicios públicos centralizados del territorio nacional.
En el mismo informe, se desprende que un total de 16 de las entidades edilicias fiscalizadas y sólo 8 de los 52 organismos públicos, reportaron una cuota de contratación de personal con discapacidad menor al 1% exigido por Ley.
Cabe mencionar que, al igual que las empresas privadas, las instituciones que tengan una dotación anual de 100 o más funcionarios o trabajadores, a lo menos, el 1% de la dotación anual deberá corresponder a personas con discapacidad y además, en el caso en el que no sea posible el cumplimiento total o parcial, se tendrá que remitir un informe a la Dirección Nacional del Servicio Civil y al Senadis explicando las razones del incumplimiento.
En definitiva, 25 municipios y 6 servicios públicos no remitieron el informe exigido en la Ley al Senadis para verificar el cumplimiento de la cuota de contratación. Asimismo, a la fecha de publicación del citado informe, ninguna de las 31 instituciones fiscalizadas hizo gestiones posteriores para entregar dichos antecedentes a los mencionados servicios.
Entre la lista de instituciones públicas que no realizaron las gestiones posteriores, se encuentran 9 municipios del Biobío. Entre ellos, por ejemplo, Concepción, Chiguayante, Quilaco, Los Álamos y Tucapel.
Al respecto la directora de Senadis Biobío, Paulina Fuentes, aseveró que efectivamente aún queda bajo espera de los reportes electrónicos respectivos desde 2023, por lo que afirmó que “ahí estamos viendo cómo bajamos esa brecha, nuestra apuesta es que al otro año sea cero”.
Bajo esta lógica y a través de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) a julio del presente año, son 4 mil 847 personas las que se han sometido a certificaciones de discapacidad. Del total, cerca del 52% (2.519) de quienes solicitaron el certificado, corresponden a hombres y 2.328 son mujeres (48%).
A su vez, 3.970 certificaciones fueron emitidas en la provincia de Concepción, 529 en Arauco y 348 en Biobío. De esto, se desprende que el 99,5% correspondió a discapacidad leve, moderada, severa o profunda; y sólo un 0,5% resultó no acreditar una situación de discapacidad actual.
Al respecto, la presidenta de Compin del Biobío, Natalia González, aseveró que “realizando un análisis de la certificación de la discapacidad 2024, por origen, la principal causal de certificación es la discapacidad física, con 53%; seguida por la mental psíquica, con 31%; sensorial visual, con 6%; mental intelectual, con 5%; y sensorial auditivo, con 4%”.
“Respecto al grado de severidad, el 36% corresponde a discapacidad moderada, 33% a severo, 30% a leve y 1% a discapacidad profunda”, agregó González.
Cabe recordar que durante el año 2023 fueron 13 mil 807 personas las que se sometieron a la certificación de discapacidad en la región del Biobío.
En relación a lo anterior, la seremi del Trabajo en el Biobío, Sandra Quintana, valoró los esfuerzos que realizan algunos privados para insertar en el mundo laboral a las personas con discapacidad.
“Conocimos el caso de la empresa Comercial Mi Tierra del sector de la alimentación. En las sucursales de la provincia del Biobío, la empresa cuenta con trabajadores que tienen algún tipo de discapacidad y además, implementaron una carta en formato braille”, afirmó Quintana.
También, la autoridad regional del Trabajo consideró necesaria la posibilidad de certificar a jóvenes con discapacidad en la Lavandería Industrial 21. Se trata de una fundación sin fines de lucro que brinda trabajo a jóvenes con síndrome de down con el objetivo de desarrollar el desapego, la autonomía y así crear su integración en el ámbito laboral.
“Sin duda, aún falta avanzar para que la inclusión laboral sea mucho más amplia, es por ello que, queremos dar a conocer el trabajo que realizan las personas con discapacidad, demostrar que si son capaces y que se pueden insertar de manera óptima en el mundo laboral”, sumó Quintana.
