l Servicio Nacional del Patrimonio Cultural alertó en abril pasado sobre los "efectos jurídicos" que se podían generar por la participación de autoridades, en especifico la senadora Isabel Allende y la ministra Maya Fernández, en la venta de la casa del fallecido Presidente Salvador Allende (1970-1973), ubicada en la calle Guardia Vieja, en Providencia.

"Se debe tener presente que hay dos personas de la comunidad que tienen calidad de autoridad, para efectos jurídicos", reveló un correo que la repartición del Ministerio de las Culturas escaló a la Subsecretaría del Patrimonio.

Este correo está en manos de la Fiscalía y es parte de los antecedentes recopilados en la investigación por eventual fraude al Fisco por esta venta, que finalmente no se concretó.

Asimismo, dio cuenta que fuentes consultadas por dicho medio -vinculadas al caso- indicaron que el email fue una de las primeras alarmas que se percibieron sobre un posible "conflicto de interés" en el proceso, aunque admiten que no se profundizó en los artículos legales en juego.

También indicaron que el equipo jurídico del Servicio de Patrimonio planteó la preocupación a los asesores de Bienes Nacionales.

Esta postura marca diferencias con la de funcionarios de La Moneda, que advierten que no hubo alertas jurídicas específicas u otras situaciones que anticiparan consecuencias legales por esta bullada compraventa.

Además de Allende y Fernández, que decidieron guardar silencio, el Ministerio Público ya cuenta con las declaraciones de la también imputada Marcela Sandoval, exministra de Bienes Nacionales, y de dos testigos: Leonardo Moreno, coordinador del equipo de seguimiento de compromisos presidenciales, y Bernardita Nazar, abogada del equipo de asesores del Presidente Boric.

Con Nazar es casi una decena de abogados que fueron parte del proceso.