Esta mañana los presidentes de los partidos de Chilevamos en Biobío, Claudio Eguiluz  de Renovación Nacional;  Patricio Kuhn de la Unión Demócrata Independiente  y Andrea Souper de Evopoli, presentaron un escrito ante la Contraloría Regional del Biobío solicitando una investigación por presuntos actos de proselitismo político realizados con recursos públicos en las oficinas de la Delegación Presidencial durante horario laboral.

Graves acusaciones respaldadas con pruebas
Claudio Eguiluz explicó que la denuncia incluye antecedentes y pruebas que indican que, desde la Delegación Presidencial, se habrían gestionado reuniones entre el candidato a Gobernador, Alejandro Navarro, dirigentes de pescadores artesanales y funcionarios públicos. "Se realizó una reunión en la que se permitió la participación del candidato Alejandro Navarro en dependencias de la delegación, durante horario laboral, utilizando recursos públicos. Esto constituye un acto de campaña política, y exigimos una investigación rigurosa y sanciones para los responsables", enfatizó Eguiluz.

Acusaciones de prácticas reiteradas
Por su parte, Patricio Kuhn, presidente regional de la UDI, señaló que estas prácticas eran recurrentes en el actuar del candidato. "Alejandro Navarro, quien se ha caracterizado por este tipo de conductas, vuelve a utilizar los recursos de todos los chilenos para su beneficio personal. Esto es claramente ilegal según la normativa electoral y debe ser denunciado".

Un llamado a dejar atrás la vieja política
Andrea Souper, presidenta regional de Evópoli, criticó este acto como una muestra de "la vieja política". “Estamos en el siglo XXI, y estas conductas representan prácticas obsoletas que deben ser erradicadas. Lo que está haciendo Navarro, con el respaldo del Gobierno, es un intento desesperado por captar votos a pocos días de las elecciones. Este tipo de acciones no pueden quedar impunes y deben ser investigadas".

Pruebas contundentes
Entre las pruebas presentadas, se entregó un video en el que se observa al candidato Navarro reunido con dirigentes de la pesca artesanal en dependencias de la Delegación Presidencial del Biobío, prometiendo soluciones fuera de su alcance. En las imágenes también se aprecia la presencia de una funcionaria del Ministerio de Economía representando al Seremi, lo que refuerza la gravedad de los hechos denunciados.

Importante es mencionar que la Contraloría ha determinado en determinados dictámenes, la prescindencia de los funcionarios públicos y los recursos para en función de no favorecer opciones políticas y lo contrario “será considerado una contravención al principio de probidad contemplado en la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.”